Mano dura contra el crimen organizado en El Salvador

Todos los prisioneros tienen la cabeza rasurada por completo y, al llegar a la prisión, son obligados a formarse en el piso, muy pegados unos a otros, tan pegados que sus cabezas rozan la espalda de su compañero de adelante. El mandatario salvadoreño acompañó este video del siguiente mensaje: “Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.

El operativo forma parte de la guerra contra las pandillas que el gobierno salvadoreño ha declarado. En este marco, Bukele decretó un régimen de excepción, lo que incluye suspensión de garantías constitucionales y la posibilidad de que la policía y las Fuerzas Armadas detengan a cualquier persona sin orden judicial.

El régimen de excepción se declaró en marzo de 2022, tras una jornada de violencia pandilleril que causó la muerte de más de 80 personas. Hace unos días, fue ampliado por decimoprimera vez, por lo que cumplirá un año de vigencia próximamente y no parece que vaya a concluir pronto.

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De acuerdo con cifras oficiales, van más de 60,000 detenciones como parte de esta política. Diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación debido a que las autoridades no respetaron garantías mínimas, como el acceso a un juicio justo, el principio de presunción de inocencia o el debido proceso.

Las condiciones en las que viven las personas recluidas también han sido motivo de preocupación para las organizaciones defensoras. Además, opositores políticos y periodistas críticos consideran que el régimen de excepción tiene la doble intención de luchar contra las pandillas y, al mismo tiempo, consolidar el régimen autoritario de Bukele, pues la suspensión de garantías podría facilitar la detención de opositores políticos o medidas represivas contra la prensa.

Con todo, se debe admitir que la política ha funcionado, por lo menos momentáneamente, puesto que la tasa de homicidios y la violencia se redujeron drásticamente. Además, Bukele ha obtenido enormes réditos políticos, pues cuenta con alrededor de 80% de aprobación y, luego de décadas de sufrir la violencia de las maras, la población parece coincidir en que hacía falta una acción drástica para pacificar al país.

El problema es que esta política no pacificará al país en el largo plazo. Por un lado, estos resultados solo son sostenibles si el régimen de excepción continúa, lo cual sería preocupante en materia de derechos humanos y libertades políticas. Por el otro, si no se atacan las causas sociales de la violencia, entonces el caldo de cultivo para que surjan nuevas pandillas queda indemne.

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Para mi sorpresa, al manifestar estas preocupaciones en redes sociales, recibí múltiples respuestas de otros usuarios, en las que aseguraban que: “los derechos humanos no son para los criminales”, “al cometer crímenes pierdes los privilegios de una persona libre”, “los delincuentes se lo merecen”, “la mano dura es la única manera de acabar con esta plaga social” o similares.

Me preocupa que en México haya tantas personas que piensen así. Ya vivimos los estragos de una política de mano dura contra el narcotráfico, con Felipe Calderón en el poder, con diferencias y continuidades importantes en los siguientes dos sexenios.

Es cierto, esa política fue menos drástica que la de El Salvador, pero aun así no entregó precisamente buenos resultados: a la larga, la violencia, las desapariciones y los homicidios no hicieron más que aumentar; los grupos criminales ampliaron sus negocios y pasaron del comercio de drogas a toda clase de giros, como la extorsión, la trata de personas o el cobro de derecho de piso; el crimen organizado amplió su influencia en los gobiernos y los procesos electorales, y seguimos sumidos en una ola de violencia homicida que parece no tener fin.

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Mucho me temo que, debido a los resultados inmediatos de la política de Bukele, el discurso de mano dura contra el crimen tomará tracción en América Latina. México no será la excepción, pues hay sectores amplios de la sociedad afines a esta retórica y es un tema de contraste con la frase “Abrazos, no balazos” del presidente López Obrador.

Ojalá quepa la prudencia en los candidatos de oposición. Ya vivimos los estragos de una guerra contra el narco. Los seguimos padeciendo. No queremos otra.

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Nota del editor: Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro ‘Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica’, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.