El 25 de enero de 2019 la Administración Trump puso en marcha el Protocolo de Protección de Migrantes (PPM) conocido como Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en la frontera sur de Estados Unidos hasta que se resolvieran sus casos. Después de tres años y medio y luego de 75,000 devoluciones, principalmente venezolanos y haitianos que se encontraban en condiciones deplorables en ciudades fronterizas, el gobierno mexicano suspendió el programa argumentando que había sido una medida unilateral.
#ColumnaInvitada | Política migratoria, cambio de reglas
Ni siquiera 'Quédate en México' o el Título 42, ni las desgarradoras imágenes de la actuación de agentes fronterizos, desalentaron el interés de los migrantes por alcanzar suelo estadounidense.
@ClauCorichi
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En marzo de 2020, al aparecer la pandemia de coronavirus, el mismo Trump emitió una orden de salud pública para detener su propagación conocida como Título 42, facultando a las autoridades a expulsar en caliente a personas migrantes de su frontera. Las remociones continúan vigentes tras una larga batalla en tribunales entre el presidente Biden que busca dejarlo sin efecto, y los gobernadores republicanos que exigen mantenerlo.
Amparadas en el Título 42, las autoridades expulsaron dos millones de veces a migrantes tanto a sus países de origen como a México, según datos de la organización de Derechos Humanos WOLA.
Ni siquiera Quédate en México o el Título 42, ni las desgarradoras imágenes de la actuación de agentes de la Patrulla Fronteriza, desalentaron el interés de los migrantes por alcanzar suelo estadounidense. Al contrario, en algunos países los problemas estructurales que propician la migración como el desempleo sólo se han profundizado (en 2022 la inflación en Venezuela cerró en 305%).
Superada la etapa más dura de la crisis sanitaria, se reactivó con fuerza la marcha de migrantes que provienen en su gran mayoría de Venezuela, Cuba, Nicaragua y por supuesto México, no solo de los países del Triángulo del Norte como era común. Este es un primer cambio de paradigma en la dinámica migratoria.
El fenómeno ha mostrado un crecimiento sin precedente: de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de enero a noviembre de 2022 el número de detenciones de venezolanos fue de 166,748 (frente a 108,486 en 2021), mientras que la de cubanos fue de 269,396 mil personas (54,818 en 2021).
Ante la avalancha de migrantes intentando cruzar la frontera norte de México, la Administración Biden anunció en octubre un programa piloto de permisos humanitarios similar al ofrecido a los ucranianos, consistente en aceptar un cupo de admisión de 24,000 venezolanos para trabajar legalmente, si cuentan con un patrocinador en la Unión Americana que les otorgue apoyo económico y aprueben rigurosas verificaciones e investigaciones biométricas de seguridad nacional.
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A partir de ahora, llegar por vía aérea es la única forma de ser elegible; si intentan cruzar de manera irregular por la frontera serán devueltos y no podrán ser admitidos en el futuro. No hace falta construir muros, los permisos humanitarios se convirtieron en un novedoso mecanismo para frenar el ingreso de migrantes indocumentados, lo que supone un segundo cambio de paradigma relacionado con la movilidad laboral.
Reproduciendo ese esquema, el 5 de enero la administración Biden anunció medidas para “mejorar la seguridad de la frontera y limitar la inmigración irregular” para personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela quienes deberán tramitar en línea un permiso temporal de hasta dos años para establecerse en EU y conseguir un trabajo con el respaldo de un patrocinador.
Estados Unidos admitirá mensualmente a 30,000 migrantes de esos países si son aprobados. En caso de no ser así, serán sujetos a la expulsión inmediata y el gobierno mexicano (quien mediante un comunicado recibió con agrado el anuncio de esas acciones) se hará cargo de todos ellos como ya ocurrió con el PPM y el Título 42. Tan sólo en noviembre pasado fueron detenidas y devueltas 89,000 personas de esas cuatro nacionalidades.
En la relación México-EU la política migratoria es y seguirá siendo el eslabón más complejo de la agenda bilateral.
Como parte de los acuerdos de la décima Cumbre de líderes de América del Norte efectuada el 10 de enero, el gobierno federal presentó un plan para que en 2023 y 2024, 1.25 millones de mexicanas y mexicanos obtengan la ciudadanía estadunidense. En contraste, se anunció la creación en Tapachula de un centro de asistencia y orientación a migrantes que buscan refugio.
Los programas de apoyo a migrantes deben contar con recursos económicos de origen bilateral que garanticen los derechos humanos, las opciones de trabajo y estudio.
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Llama la atención que en las nuevas reglas migratorias no se considere a las y los mexicanos en situación de movilidad humana (en 2022 fueron detenidos 800,000 connacionales por la Patrulla Fronteriza), especialmente porque miles de ellos están huyendo no sólo de la pobreza sino de la inseguridad y las violencias. Contrario a la tradición, hoy son familias enteras las que se desplazan tanto para garantizarse mejores condiciones de vida como proteger su propia integridad.
¿Qué caminos deben tomarse para promover el desarrollo y mitigar la migración?
Prevalece la sensación de que solo en coyunturas se ofrecen soluciones, por ejemplo, mediante la emisión de visas y permisos humanitarios de parte de autoridades norteamericanas y de ayudas temporales por parte de las mexicanas.
Económicamente, es fundamental fortalecer la cooperación con cadenas de valor integradoras e innovación, reconociendo las prioridades que tiene cada país en la agenda regional. El fenómeno migratorio tiene que verse desde un enfoque integral y más allá de paliativos transitorios.
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Nota del editor: la autora es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización de la ASF.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
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