#ColumnaInvitada | Metrópolis sin fronteras: la ley que puede cambiarlo todo

Es un hecho que en los últimos 50 años las ciudades mexicanas han crecido más rápido de lo que las leyes alcanzan a regular. Nuestras metrópolis comparten no solo territorio, sino problemas como agua, movilidad, vivienda y servicios, que siguen gestionados como si cada municipio fuera un ente aislado. Y ese rezago nos cuesta carísimo: en tiempo, en recursos duplicados y, sobre todo, en calidad de vida para millones de personas.

Existe una desconexión evidente entre cómo vivimos y cómo se gobierna el territorio. Las personas cruzan diariamente de un municipio a otro para trabajar, estudiar, atender su salud o regresar a casa. Pero las políticas públicas difícilmente son efectivas, los servicios no se integran, los planes no se cruzan, los presupuestos no se suman. Y en esa grieta institucional se cuelan la desigualdad, la desorganización y la falta de respuesta efectiva.

Pensemos en Esteban. Vive en Bahía de Banderas, Nayarit, y trabaja como recepcionista en un hotel en Puerto Vallarta, Jalisco. Aunque ambos municipios forman parte de una misma zona metropolitana, no existe un sistema de transporte coordinado entre ellos. Cada mañana, Esteban tiene que levantarse dos horas antes de su entrada porque el tiempo de trayecto es impredecible; después tendrá que tomar dos camiones distintos, pagar dos tarifas y, al llegar, caminar por una vereda sin banquetas junto a la carretera exponiéndose a peligros. Evidentemente, cuando llega tarde, no es por falta de compromiso, sino porque su ciudad no está diseñada ni gobernada como una sola. Y como él, hay miles de personas en todo el país que viven atrapadas en esa misma fragmentación.

Pero esto sí puede cambiar. Una buena ley, que ordene y habilite la coordinación, puede tener un efecto dominó: transformar cómo se toman las decisiones desde los municipios y, a partir de ahí, mejorar la calidad de vida de millones de personas en lo más cotidiano.

No cabe duda que la fragmentación institucional genera ineficiencia, y los esfuerzos aislados, aunque bien intencionados, no alcanzan cuando las realidades se desbordan. Las decisiones metropolitanas necesitan coordinación. Y para que haya coordinación, tiene que haber ley.

La Ley General de Coordinación Metropolitana que se impulsa desde la Cámara de Diputadas y Diputados se está creando con ese espíritu: no imponer, sino facilitar que los gobiernos locales puedan trabajar juntos. Que se establezcan mecanismos jurídicos, presupuestales y técnicos para planear, invertir y actuar con visión de largo plazo. Porque si los municipios ya comparten territorio, población y retos, ¿por qué no compartir también soluciones?

Esta no será una ley desde el escritorio. Hemos recorrido el país con foros participativos, desde Guadalajara y Tultitlán hasta Puebla y próximamente Monterrey. En cada encuentro la ciudadanía ha sido clara: el caos urbano ya no puede esperar. El tráfico, la escasez de agua, la vivienda fuera de control, la inseguridad derivada de la desconexión territorial… todo nos lleva a lo mismo: necesitamos reglas para coordinar.

Es momento de dar un salto cuántico a las políticas públicas y hacerlas más inteligentes para alcanzar una alta eficiencia presupuestal que se convierta en sostenibilidad real. Hay que cuidar los recursos sin duplicarlos. Ante un vertiginoso e inevitable crecimiento, se trata de planear para anticipar riesgos y no improvisar cuando llegue la crisis.

Hoy, la infraestructura más urgente no se ve: es la capacidad de gobernar juntos. Esa infraestructura comienza por coordinar, para que cada decisión pública construya ciudades donde valga la pena vivir.

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Nota del editor: Claudia Salas Rodríguez es diputada federal de la LXVI Legislatura y presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.