Sin contención ni disimulo

¿Cómo es que una coalición con mayoría en ambas Cámaras, que controla la mayor parte de las gubernaturas y es la que tiene más legisladores en los congresos estatales, con un presidente que ganó por mayoría absoluta y nunca ha dejado de tener aprobación mayoritaria, y que además tiene entre sus filas a los dos aspirantes presidenciales con mayor intención de voto, necesita demostrar tanta capacidad de movilización? ¿A quién necesita demostrársela? ¿Para qué?

La marcha del 13 de noviembre trató de defender a la autoridad electoral contra el proyecto de reforma que pretende suprimirla. El acto del 27 no fue para abogar por ese o ningún otro proyecto sino para aclamar al presidente. La primera propuso brindarle apoyo a una institución democrática bajo amenaza; la segunda, rendirle homenaje al propio líder político que la convocó. El contraste no podría ser más ilustrativo: unos salieron a marchar para advertir el riesgo de una regresión autocrática; otros acudieron al llamado del mandatario en turno para cerrar filas en torno a él.

Ayer, cuando era parte de las oposiciones, los lopezobradoristas denunciaban el desvío de recursos públicos con propósitos político-partidistas, el uso del aparato gubernamental y de los programas sociales con fines proselitistas, la compra o coacción del voto, el condicionamiento de derechos o servicios a cambio de apoyar una campaña o acudir a un mitin, etc. Pero hoy, que ya son gobierno, los lopezobradoristas no solo recurren a esas mismas prácticas sino que lo hacen, además, sin contención ni disimulo, reivindicándolas abiertamente, al margen de su propia historia y de que están prohibidas por ley. ¿Por qué? Porque quieren y porque pueden. No es un descuido, es un alarde.

El problema no está en quiénes acudieron. Denominar a la del 13 “marcha ciudadana” y a la del 27 “marcha de los acarreados” es abonar a la polarización, desdeñar la complejidad de sendos fenómenos masivos y reducir a la pluralidad de ciudadanos que acudieron a uno u otro evento a dos absurdos bloques monolíticos. El problema está, más bien, en el papel que asumieron las autoridades. Porque para el primer caso abundaron las provocaciones, los insultos y la desaprobación; pero para el segundo hubo harto trabajo, promoción y apoyo. Quizá ya nos malacostumbramos, pero convendría recordar que a las autoridades no les corresponde combatir ni tampoco impulsar manifestaciones. Que lo hagan como si cualquier cosa es una aberración pública.

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Se ha dicho mucho que en el menosprecio contra los “acarreados” hay un evidente sesgo clasista. Y es cierto, sin lugar a duda. No obstante, en la normalización del “acarreo” también hay otro clasismo del que casi no se habla, a saber, el que consiste en lucrar políticamente con la pobreza, la vulnerabilidad o la precariedad de distintos sectores de la población, en tratarlos como carne de cañón proselitista antes que como sujetos autónomos con derechos. Amedrentarlos u obligarlos a participar en un mitin con un pase de lista del que depende la posibilidad de que conserven un puesto o un permiso, de que reciban un servicio o les hagan un trámite, de que se les entregue una pensión o una beca, ¿no es acaso una forma de prejuicio, de abuso o discriminación debido a su vulnerabilidad o a su nivel de ingresos? ¿Y qué es eso, a fin de cuentas, sino una política clasista?

La marcha pasó pero la interrogante persiste: ¿De qué y a quién le sirve celebrar tanto un liderazgo cuando, en realidad, hay tan poco gobierno? ¿Qué utilidad tiene que el presidente tenga tanta fuerza cuando ha dado tan magros resultados?

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Nota del editor:

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