Las mejores prácticas internacionales apuntan que el fortalecimiento de los sistemas de Salud tiene al menos tres componentes: la sociedad civil, la iniciativa privada y el más importante, el sector público. A pesar de esto, el subsecretario Hugo López-Gatell se ha destacado por sus conflictos contra la iniciativa privada y la sociedad civil, lo cual ha descarrilado la implementación de la reforma y, en consecuencia, avanzar hacia un sistema de Salud de calidad.
Por citar botones de muestra: López-Gatell monopolizó las pruebas para detectar el COVID-19 privando en un inicio a miles de mexicanos de un diagnóstico oportuno que les hubiera salvado la vida (la OMS estima más de 630,000 muertes en México por la pandemia); discriminó al personal de Salud de instituciones privadas al negarles el acceso a las vacunas -al mismo tiempo que se distribuían en el sector público-; y más adelante restringió la posibilidad de que los médicos particulares receten medicamentos para el COVID.
López-Gatell también ha provocado desabasto de medicinas esenciales, acusado de golpistas a los niños con cáncer que demandan tratamientos y ahora pretende desaparecer los consultorios adyacentes a las farmacias sin asegurar mayores accesos en los centros del sector Salud. López-Gatell quiere construir un monopolio público en el discurso, cuando en los hechos carece de planeación, estrategia y capacidades, a costa de la salud y tranquilidad de las familias.
En México, como en muchos países, la iniciativa privada no es sinónimo de altruismo, son empresas que buscan maximizar utilidades. También, varios laboratorios y distribuidores han sido investigados y sancionados por acuerdos ilegales que impactan en el poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, cuando operan en línea con la ética y su sentido social desarrollan investigación, canales de producción y distribución, y atienden los espacios que el estado vergonzosamente no ha logrado llegar.
Del lado del Estado, corresponde a las autoridades vigilar que los privados se conduzcan conforme a la ley. Ejemplo de ello son los mencionados consultorios de las farmacias que han alcanzado una cobertura relevante atendiendo a personas que tal vez llevan meses esperando una cita en el sector público. Compete a la autoridad revisar que cuenten con médicos titulados y que las instalaciones sean adecuadas, pero no le compete orillar a la agente a que progrese su enfermedad por la falta de diagnóstico oportuno.
