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#ColumnaInvitada | Las constantes tragedias de los mineros

Es tiempo de cambiar las políticas públicas que no han funcionado. Es hora de llevar las mejores prácticas globales a territorio minero mexicano.
jue 18 agosto 2022 06:00 AM
Mina
Este miércoles se cumplen 21 días del colapso e inundación de la mina El Pinabete y el rescate no se concreta.

México disfruta de las riquezas de la minería al mismo tiempo que abandona a sus trabajadores. Ejemplos sobran: mientras el IMSS reporta al cierre de 2021 el registro de 399,366 empleos directos en este sector, México ni siquiera ha ratificado el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en las minas.

Asimismo, el INEGI informa que el sector minero-metalúrgico representó el 9.62% del PIB industrial y el 3.06% del PIB nacional en ese año, pero ni siquiera existe transparencia sobre quiénes son los dueños de muchas concesiones mineras o los resultados de las verificaciones que se practican.

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Por su parte, la Secretaría de Economía reporta que el valor económico de la producción minero-metalúrgica en 2021 fue de 338,187 millones de pesos, pero la evidencia muestra que las condiciones laborales de los trabajadores siguen siendo precarias y riesgosas.

El gremio minero sufre tragedias que rápidamente quedan en el olvido: problemas de salud, accidentes, muertes y hasta cuerpos que nunca son rescatados. ¿Cuántas de estas tragedias podrían haberse evitado con responsabilidad y políticas adecuadas? Ahí está Pasta de Conchos, Sabinas, Progreso, Múzquiz, Barroterán, Francisco I. Madero… ¿Cuántas muertes fueron realmente accidentes y cuántas producto de la negligencia y la corrupción?

Es tiempo de cambiar las políticas públicas que no han funcionado. Es hora de llevar las mejores prácticas globales a territorio minero mexicano.

Desde la esfera internacional, la ratificación del Convenio 176 de la OIT obligaría a México a adoptar importantes medidas de transparencia, a legislar para hacer normas claras en vigilancia para la seguridad y salud en las minas, así como obligaría a la autoridad a compilar y publicar los datos sobre accidentes, enfermedades profesionales, incidentes peligrosos y desastres.

De acuerdo con la OIT, la legislación debe especificar también las exigencias en materia de salvamento en las minas, primeros auxilios y servicios médicos adecuados, así como la obligación de proporcionar y mantener medidas de autosalvamento. Este Convenio también genera responsabilidades para los empleadores, los trabajadores y sus representantes.

En el ámbito nacional, es urgente transparentar las políticas y decisiones que desde el gobierno se toman para esta industria, a través de un catálogo público de minas y concesiones donde también se puedan conocer los datos sobre los procedimientos de asignación.

También resulta fundamental fortalecer las facultades de verificación para que las dependencias responsables lleven a cabo al menos una inspección semestral y revisen que cada mina cuente con un plan de contingencia obligatorio. Adicionalmente, el gobierno federal también puede generar incentivos para la modernización de equipo a través de Nacional Financiera.

 

El gobierno y los representantes de los trabajadores comparten la responsabilidad de revisar constantemente que existan y se garanticen las condiciones básicas de salud y seguridad para los mineros. Del lado de los trabajadores es indispensable que busquen y elijan líderes que verdaderamente les representen y luchen por mejores condiciones de trabajo, y se sancione a aquellos que sólo han lucrado y amasado fortunas a costa de la pobreza de las familias que dependen de la minería.

Las condiciones de los trabajadores mineros sólo van a mejorar cuando cambien las decisiones y políticas, y cuando la transparencia y responsabilidad lleguen a esta industria.

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Nota del editor: La autora ha sido diputada federal, fue presidenta de la Unión Interparlamentaria.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

 
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