Por su parte, la Secretaría de Economía reporta que el valor económico de la producción minero-metalúrgica en 2021 fue de 338,187 millones de pesos, pero la evidencia muestra que las condiciones laborales de los trabajadores siguen siendo precarias y riesgosas.
El gremio minero sufre tragedias que rápidamente quedan en el olvido: problemas de salud, accidentes, muertes y hasta cuerpos que nunca son rescatados. ¿Cuántas de estas tragedias podrían haberse evitado con responsabilidad y políticas adecuadas? Ahí está Pasta de Conchos, Sabinas, Progreso, Múzquiz, Barroterán, Francisco I. Madero… ¿Cuántas muertes fueron realmente accidentes y cuántas producto de la negligencia y la corrupción?
Es tiempo de cambiar las políticas públicas que no han funcionado. Es hora de llevar las mejores prácticas globales a territorio minero mexicano.
Desde la esfera internacional, la ratificación del Convenio 176 de la OIT obligaría a México a adoptar importantes medidas de transparencia, a legislar para hacer normas claras en vigilancia para la seguridad y salud en las minas, así como obligaría a la autoridad a compilar y publicar los datos sobre accidentes, enfermedades profesionales, incidentes peligrosos y desastres.
De acuerdo con la OIT, la legislación debe especificar también las exigencias en materia de salvamento en las minas, primeros auxilios y servicios médicos adecuados, así como la obligación de proporcionar y mantener medidas de autosalvamento. Este Convenio también genera responsabilidades para los empleadores, los trabajadores y sus representantes.
En el ámbito nacional, es urgente transparentar las políticas y decisiones que desde el gobierno se toman para esta industria, a través de un catálogo público de minas y concesiones donde también se puedan conocer los datos sobre los procedimientos de asignación.
También resulta fundamental fortalecer las facultades de verificación para que las dependencias responsables lleven a cabo al menos una inspección semestral y revisen que cada mina cuente con un plan de contingencia obligatorio. Adicionalmente, el gobierno federal también puede generar incentivos para la modernización de equipo a través de Nacional Financiera.
