Esta resolución ha generado gran polarización entre la sociedad estadounidense, ya que tiene repercusiones tanto en el sistema de salud reproductiva como en los ámbitos social, político y económico, causando una reconfiguración política de los estados que prohíben y/o regulan el aborto.
Hasta antes de la decisión de la Suprema Corte, la Constitución de Estados Unidos protegía el derecho al aborto hasta antes de la viabilidad, típicamente entre la semana 22 y 24 de embarazo; dicha protección emanaba del derecho a la privacidad consagrado en la décimo cuarta enmienda a la Constitución de ese país.
Con la decisión de la Corte se devolvió la potestad de legislar sobre el tema a cada uno de los Estados. Al conocerse el sentido de la sentencia, más de la mitad de las entidades federativas, que ya tenían leyes que prohibían en diversos grados el aborto, y cuya aplicación estaba suspendida debido a la protección federal, se hicieron aplicables de manera inmediata. Tal es el caso de Mississippi y en algunos otros estados que habían legislado, entrando en vigor las leyes al revocarse el precedente.
En Dobbs se analizó si todas las prohibiciones de aborto electivo antes de la viabilidad son inconstitucionales y se reiteró el principio establecido desde hace mucho tiempo de que los derechos no escritos deben estar profundamente arraigados en la historia de ese país, para que los tribunales los hagan cumplir.
Aunque la Constitución no garantiza explícitamente el derecho a la privacidad, a lo largo de los años, las sentencias han protegido un grupo de derechos derivados por implicación de otros derechos y en estos se encontraba el aborto.
Dobbs analizó que, en este caso, la Constitución no hace referencia al aborto, ni siquiera en la cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, y en cualquier etapa de la historia de ese país ha sido ilegal en el derecho consuetudinario y estaba ampliamente penalizado hasta 1960. Fue bajo esta premisa que Dobbs Vs. Jackson Women’s Health Organization anuló un entendimiento de 50 años de que la décimo cuarta Enmienda protege el acceso al aborto como parte de los derechos a la privacidad y, posiblemente, otras decisiones íntimas cubiertas por el este derecho.
El precedente fue votado con 5 votos a favor y el voto del juez John Roberts, presidente de la Corte, quien estuvo de acuerdo con el fondo, manifestando que hubiera considerado una opción más mesurada que no necesariamente revocaría el precedente de Roe Vs Wade de 1973 y el precedente de 1992 de Planned Parenthood Vs. Casey.
