Las promesas incumplidas de la seguridad municipal, entre el discurso y la realidad

Pero permanece intacta una pregunta incómoda: ¿de qué base hablamos cuando esa base carece de cimientos financieros, formativos y operativos sólidos?

La conferencia llegó en medio de una crisis silenciosa.

Mientras las policías municipales enfrentan deserción crónica de personal, formación deficiente y presupuestos insuficientes, el discurso federal promete transformación sin especificar cómo se financiará ni cuándo se implementará. El resultado es una brecha creciente entre las ambiciones retóricas de la federación y la capacidad real de los municipios para cumplirlas.

La pregunta sobre salarios: ¿financiamiento federal o ilusión municipal?

La corporación municipal promedio en México paga sueldos entre 8,000 y 14,000 pesos mensuales a sus elementos. Estos salarios son insuficientes, especialmente comparados con los de policías estatales o federales.

¿Resultado?

Alta rotación, reclutamiento deficiente y vulnerabilidad a la cooptación criminal. Municipios como San Luis Potosí, Querétaro y otros han mejorado parcialmente sus nóminas, pero esto ocurrió por iniciativas locales, no por un programa federal coordinado.

La conferencia no ofreció respuesta clara. ¿Se homologarán salarios mediante financiamiento federal directo? Los números sugieren que no. El Presupuesto de Egresos 2024 no contempla partidas específicas para este fin, y la federación mantiene su enfoque en transferencias condicionadas.

Sin un compromiso explícito de subsidiar nóminas municipales —algo que requeriría modificaciones presupuestarias significativas— la promesa de "policías profesionales" seguirá siendo un anhelo sin recursos.

El plazo fantasma, ¿cuándo comienza realmente la reforma?

"Implementaremos un modelo nacional de policía y justicia cívica." Esta frase resonó en los salones de la conferencia, pero carecía de cronograma. ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Tres años? La federación no respondió. Municipios como Ecatepec o Uruapan, saturados de crimen y con policías desmoralizadas, no pueden esperar a que se define una hoja de ruta vaga. La experiencia histórica es clara: sin plazos específicos, vinculantes y supervisados, estas iniciativas se diluyen en las burocracia.

El programa Mando Único estatal fue implementado hace décadas con promesas similares. Hoy, su implementación es dispareja, incompleta y carece de evaluación rigurosa.

¿Por qué confiar en que el modelo nacional será diferente sin especificaciones temporales concretas y mecanismos de fiscalización efectivos?

FORTASEG, el programa fantasma que debería resucitar

FORTASEG fue diseñado para condicionar financiamiento federal a desempeño municipal: capacitación, uso de tecnología, evaluación profesional. Funcionó irregularmente. Hubo ciclos de implementación, suspensiones, cambios de prioridades.

Hoy yace dormido en los archivos federales. La conferencia no mencionó su reactivación, una omisión reveladora.

Sin un programa de evaluación condicionada, ¿cómo garantizar que los municipios que implementen reformas lo hagan con rigor? FORTASEG debería reanudarse con reglas claras: municipios que no capaciten a su personal, que mantengan salarios deplorables, que no usen tecnología de registro y control, simplemente no reciben fondos federales.

Esta presión crea incentivos reales. Su ausencia perpetúa la mediocridad.

Formación policial: 972 horas de insuficiencia documentada

Las academias de policía municipales operan con currículas básicas de 972 horas. Esto es inadecuado. Comparativamente, países con policías efectivas requieren entre 1,500 y 2,500 horas de formación inicial. México ni siquiera evalúa si esas 972 horas se imparten correctamente.

No hay verificación sistemática de metodología pedagógica, de competencias adquiridas, de retención de conocimiento.

La conferencia no propuso reforma curricular específica. Esto es un fracaso. Se requiere: elevar el estándar a 1,500 horas mínimo, establecer módulos especializados en derechos humanos, manejo de crisis y procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas, implementar auditorías trimestrales de academias municipales por parte de la federación, y crear sistemas de evaluación pedagógica independientes.

Propuestas de solución

Primero, crear un Fondo de Homologación Salarial con presupuesto específico. Los municipios contribuyen con el 30 por ciento de nómina; la federación cubre el 70 por ciento restante. Esto es viable si se redestina financiamiento de programas ineficientes.

Segundo, establecer un cronograma ejecutivo publicado: trimestres específicos para diagnóstico, diseño, pilotaje y escalamiento del modelo de policía y justicia cívica.

Tercero, reactivar FORTASEG con metas cuantificables: municipios que no capaciten o que no alcancen salarios mínimos pierden 40 por ciento de transferencias.

Cuarto, reformar currículas policiales a 1,500 horas con auditorías federales semestrales y certificación de competencias por municipio.

Conclusiones

La conferencia recordó que los municipios son bases fundamentales.

Correcto.

Pero las bases necesitan cemento, no discursos. Mientras la federación no transforme sus promesas en dinero asignado, plazos respaldados legalmente, programas rearriculados y verificación rigurosa, la seguridad municipal seguirá siendo un proyecto inacabado. México no necesita más retórica. Necesita especificaciones, recursos y rendición de cuentas.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.