Mediante la coerción, amenazas o advertencias de que algo malo le sucederá a la persona si no se hace lo que el delincuente demanda, las organizaciones criminales de diversa peligrosidad buscan infundir o explotar el temor. Su prioridad es limitar la capacidad o habilidad de las víctimas para mantener la serenidad.
Prevenir y evitar el delito se inicia con el recordatorio de que este se concentra en más de un 92 por ciento en llamadas telefónicas únicamente: cualquier llamada que presiona para realizar una extorsión debe ser reportada, denunciada y explotada ciudadanamente para obtener datos del delincuente.
Este año, entre enero y mayo, de acuerdo con el reporte DISI que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se han abierto 4 mil 347 carpetas de investigación a nivel nacional.
El análisis, basado en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela que el 72 por ciento de las extorsiones se concentra en seis entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato.
La tasa por cada 100 mil habitantes, la encabeza Zacatecas con 30.9, seguida del Estado de México con 24.7, Colima con 16.4, Baja California Sur con 15.6 y Nuevo León con 12.8.
Aunque se considera que la extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra, estimada por el INEGI arriba del 90 por ciento, este aspecto puede estar relacionado también con las altas probabilidades de limitarse a una simple tentativa.
Los reportes que recibe de todo el país el Consejo Ciudadano a través de su Línea de Seguridad y el Chat de Confianza, 55 5533 5533, y de la app No+Extorsiones señalan que tres de cada cuatro quedan en tentativa —casos que no pasan a formar parte de las estadísticas de denuncia— al ser desactivadas a tiempo por las mismas víctimas.