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#ColumnaInvitada | El abandono de la lucha contra la corrupción

A pesar de que se esperaba que la nueva administración pusiera el acento en el combate férreo contra la corrupción, esto no ocurrió.
mar 28 junio 2022 06:00 AM
Combate a la corrupción
El combate a la corrupción sigue siendo un pendiente en México.

El combate a la corrupción fue sin duda la principal bandera que enarboló Andrés Manuel López Obrador para alcanzar la presidencia de México. Hasta ahora no ha sido sino una promesa incumplida.

“No somos iguales” repite una y otra vez el Presidente, pero la realidad lo desmiente. El Índice de Percepción de la Corrupción, que mide a 180 países, nos coloca en el lugar 124, en compañía de Zambia, Kenia y Gabón. Desde que comenzó la presente administración estamos estancados en el mismo sitio. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica, presentada por el Inegi en el 2020, es más específica. Para el 61.6 por ciento de la población la corrupción ha aumentado o sigue igual que antes. Esta percepción de la presencia de la corrupción se advierte en todos los niveles.

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En 2017 la frecuencia de actos de corrupción era advertida en el 87 por ciento de las oficinas publicas, en 2019 aumentó al 91 por ciento. Según el Barómetro de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, en 2017 el 51 por ciento de la población advertía que la Oficina de la Presidencia era corrupta, dos años después el número aumentó al 63 por ciento. Tiene razón el presidente López Obrador, “no son iguales”, al parecer son peores que los gobiernos anteriores.

Se cumplen en estos días 20 años de las reformas que condujeron a la primera ley de transparencia, que darían pie a la creación, primero, del Instituto Federal de Acceso a la Información, y posteriormente al INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccción de Datos Personales. Conviene recordar que en sus comienzos las reformas a la ley de transparencia no fueron iniciativas del gobierno. Un amplio conjunto de académicos y periodistas durante años se reunieron bajo la denominación de Grupo Oaxaca, con el fin de reflexionar sobre los cambios que necesitaba el país justo cuando éste parecía encaminarse a un modelo democrático.

Luego de la victoria electoral de Vicente Fox en el 2000, este grupo presentó al equipo gobernante una iniciativa de reformas constitucionales referentes al acceso de los ciudadanos a la información pública. Los movía la idea de que la transparencia brindaría un instrumento sólido al nuevo gobierno democrático. La iniciativa no sólo permitía al ciudadano solicitar información sobre los actos públicos sino que también brindaba la oportunidad de ver cómo se ejercía el presupuesto público. Así, desde sus orígenes, la ley de transparencia permitía que se ejerciera la rendición de cuentas, mecanismo indispensable para el combate a la corrupción, uno de los grandes flagelos que azotan a nuestra nación.

La historia es conocida. El Grupo Oaxaca cedió al gobierno de Vicente Fox la iniciativa, la cual aprobó el Congreso. No son pocos los que piensan que la aprobación de la ley de transparencia es uno de los mayores logros de ese gobierno de transición.

La institución de acceso a la información, en medio de aciertos y errores, se fue robusteciendo. Hoy el INAI, autoridad que garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales, es ya un referente internacional y una de las instituciones más confiables del Estado mexicano. La consulta de información pública ha servido de fundamento para detectar los casos más emblemáticos de corrupción en México, lo que la ha convertido de facto en una de las herramientas más valiosas con que cuenta la ciudadanía en su combate contra la corrupción.

 

A mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto (un gobierno señalado por su proclividad por la corrupción) comenzó a gestarse la construcción de un nuevo instrumento: el Sistema Nacional Anticorrupción. Académicos, funcionarios y miembros de la sociedad civil trabajaron durante años en la creación de una estructura que fuera lo suficientemente sólida y flexible para enfrentarse a la hidra de la corrupción que parece tener, como la figura mitológica, mil cabezas. Era necesario un entramado institucional que fuera eficiente a la vez que contundente. Desgraciadamente terminó el sexenio de Peña Nieto y el instituto no pudo nunca arrancar de forma debida.

La suerte de SNA no mejoró con el cambio de gobierno. A pesar de que se esperaba que la nueva administración pusiera el acento en el combate férreo contra la corrupción, esto no ocurrió. Con el pretexto de la austeridad, cada una de las secretarias asumió las funciones de revisión, disminuyendo notablemente su eficacia. No es lo mismo un organismo que vigile desde fuera, que desde dentro se asuma el autocontrol.

La corrupción creció, peor aún: la austeridad forzosa en muchas instituciones de gobierno generó la necesidad en muchos funcionarios de solicitar mordidas para “compensar” la disminución de sus ingresos. La presente administración se ha caracterizado por el reparto indiscriminado de contratos. Más del 80 por ciento de los contratos para obras públicas se asignan discrecionalmente, sin que medie concurso alguno. Las acusaciones contra prominentes funcionarios de gobierno se han estrellado contra la realidad: todos han sido absueltos sin mayor trámite.

A veinte años de que se iniciaron los trabajos de transparencia, rendición de cuentas y contrapesos administrativos, el combate contra la corrupción está estancado. Lo demuestran los indicadores internacionales que señalan lo que los ciudadanos perciben, así lo indican los registros del propio Estado, como el Inegi. Sigue siendo un reclamo constante de los ciudadanos.

Es necesario, ahora más que nunca, que la sociedad civil presione y actúe. La corrupción no se eliminará por sí sola. Desde pequeñas corruptelas de funcionarios menores en las alcaldías hasta gravísimos señalamientos en contra de la familia presidencial dejan ver que el país ha retrocedido, en este rubro como en muchos otos, varias décadas en el combate a la corrupción.

Deben revisarse a fondo las premisas sobre las que se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción. Su entramado legal es magnífico, pero no tomó en cuenta consideraciones políticas, y es precisamente la política la que ha frenado las actividades del SNA. No debemos dar marcha atrás en lo avanzado. Si no contamos con el apoyo del gobierno contra este mal. La sociedad debe procurar desempeñar ese papel. Sin esos instrumentos de control la democracia corre un grave riesgo.

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El autor es Presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

 
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