A mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto (un gobierno señalado por su proclividad por la corrupción) comenzó a gestarse la construcción de un nuevo instrumento: el Sistema Nacional Anticorrupción. Académicos, funcionarios y miembros de la sociedad civil trabajaron durante años en la creación de una estructura que fuera lo suficientemente sólida y flexible para enfrentarse a la hidra de la corrupción que parece tener, como la figura mitológica, mil cabezas. Era necesario un entramado institucional que fuera eficiente a la vez que contundente. Desgraciadamente terminó el sexenio de Peña Nieto y el instituto no pudo nunca arrancar de forma debida.
La suerte de SNA no mejoró con el cambio de gobierno. A pesar de que se esperaba que la nueva administración pusiera el acento en el combate férreo contra la corrupción, esto no ocurrió. Con el pretexto de la austeridad, cada una de las secretarias asumió las funciones de revisión, disminuyendo notablemente su eficacia. No es lo mismo un organismo que vigile desde fuera, que desde dentro se asuma el autocontrol.
La corrupción creció, peor aún: la austeridad forzosa en muchas instituciones de gobierno generó la necesidad en muchos funcionarios de solicitar mordidas para “compensar” la disminución de sus ingresos. La presente administración se ha caracterizado por el reparto indiscriminado de contratos. Más del 80 por ciento de los contratos para obras públicas se asignan discrecionalmente, sin que medie concurso alguno. Las acusaciones contra prominentes funcionarios de gobierno se han estrellado contra la realidad: todos han sido absueltos sin mayor trámite.
A veinte años de que se iniciaron los trabajos de transparencia, rendición de cuentas y contrapesos administrativos, el combate contra la corrupción está estancado. Lo demuestran los indicadores internacionales que señalan lo que los ciudadanos perciben, así lo indican los registros del propio Estado, como el Inegi. Sigue siendo un reclamo constante de los ciudadanos.
Es necesario, ahora más que nunca, que la sociedad civil presione y actúe. La corrupción no se eliminará por sí sola. Desde pequeñas corruptelas de funcionarios menores en las alcaldías hasta gravísimos señalamientos en contra de la familia presidencial dejan ver que el país ha retrocedido, en este rubro como en muchos otos, varias décadas en el combate a la corrupción.
Deben revisarse a fondo las premisas sobre las que se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción. Su entramado legal es magnífico, pero no tomó en cuenta consideraciones políticas, y es precisamente la política la que ha frenado las actividades del SNA. No debemos dar marcha atrás en lo avanzado. Si no contamos con el apoyo del gobierno contra este mal. La sociedad debe procurar desempeñar ese papel. Sin esos instrumentos de control la democracia corre un grave riesgo.
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El autor es Presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
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