En 2017 la frecuencia de actos de corrupción era advertida en el 87 por ciento de las oficinas publicas, en 2019 aumentó al 91 por ciento. Según el Barómetro de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, en 2017 el 51 por ciento de la población advertía que la Oficina de la Presidencia era corrupta, dos años después el número aumentó al 63 por ciento. Tiene razón el presidente López Obrador, “no son iguales”, al parecer son peores que los gobiernos anteriores.
Se cumplen en estos días 20 años de las reformas que condujeron a la primera ley de transparencia, que darían pie a la creación, primero, del Instituto Federal de Acceso a la Información, y posteriormente al INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccción de Datos Personales. Conviene recordar que en sus comienzos las reformas a la ley de transparencia no fueron iniciativas del gobierno. Un amplio conjunto de académicos y periodistas durante años se reunieron bajo la denominación de Grupo Oaxaca, con el fin de reflexionar sobre los cambios que necesitaba el país justo cuando éste parecía encaminarse a un modelo democrático.
Luego de la victoria electoral de Vicente Fox en el 2000, este grupo presentó al equipo gobernante una iniciativa de reformas constitucionales referentes al acceso de los ciudadanos a la información pública. Los movía la idea de que la transparencia brindaría un instrumento sólido al nuevo gobierno democrático. La iniciativa no sólo permitía al ciudadano solicitar información sobre los actos públicos sino que también brindaba la oportunidad de ver cómo se ejercía el presupuesto público. Así, desde sus orígenes, la ley de transparencia permitía que se ejerciera la rendición de cuentas, mecanismo indispensable para el combate a la corrupción, uno de los grandes flagelos que azotan a nuestra nación.
La historia es conocida. El Grupo Oaxaca cedió al gobierno de Vicente Fox la iniciativa, la cual aprobó el Congreso. No son pocos los que piensan que la aprobación de la ley de transparencia es uno de los mayores logros de ese gobierno de transición.
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La institución de acceso a la información, en medio de aciertos y errores, se fue robusteciendo. Hoy el INAI, autoridad que garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales, es ya un referente internacional y una de las instituciones más confiables del Estado mexicano. La consulta de información pública ha servido de fundamento para detectar los casos más emblemáticos de corrupción en México, lo que la ha convertido de facto en una de las herramientas más valiosas con que cuenta la ciudadanía en su combate contra la corrupción.
