El pasado 13 de junio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicó su lista respecto a la situación que guardan los delitos –tales como homicidios, secuestros, robo de autos y robo en general– en territorio mexicano. La lista es preocupante por su extensión.
En primer plano, se enuncian las cinco entidades federativas a las que se aconseja sencillamente “no ir”: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. En segundo término, están los 11 estados a los que se aconseja “reconsiderar” el viaje debido al riesgo: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas. Por último, los 14 en los que se recomienda tener “alta precaución” si es que hay interés de visitarlas: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, CDMX, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Solo en dos estados de la República, Campeche y Yucatán, hay condiciones normales para viajar a ellas.
Mas allá de la contabilidad que las autoridades se esmeran por presentar con optimismo, las percepciones negativas respecto a la estrategia de seguridad en el país, se incrementan semana tras semana. Una simple ojeada a las noticias de la semana pasada, nos da una muestra contundente de las fallas estructurales de la estrategia: Asaltos a turistas en Cancún, afectaciones en el comercio en Chilpancingo, operativos de seguridad en Michoacán, enfrentamientos entre criminales y fuerzas del orden en Edomex e intimidación armada de un amplio grupo de personas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Sirva de muestra el reciente informe publicado por el gobierno de México. Aún cuando se enfatiza que “del promedio diario de 94 víctimas de homicidio en el período enero-mayo de 2019, pasamos a 84, lo que representa una reducción de 10.8% respecto a 2021, las afectaciones económicas resultantes de la violencia o de otras actividades delictivas como la extorsión, son cada vez más graves.
