México está escribiendo una nueva etapa en su historia digital. En pocas semanas, el Congreso ha aprobado reformas que, sin duda, transformarán la relación entre ciudadanía y gobierno. Me refiero a tres piezas clave: la implementación de la CURP con datos biométricos, la Ley de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública y la reciente reforma en materia de Telecomunicaciones. Las tres comparten un eje común: el uso intensivo de datos personales bajo la promesa de eficiencia administrativa, combate a la corrupción y mayor seguridad. Pero también tienen algo en común que preocupa: la ausencia de reglas claras y garantías suficientes para proteger nuestra privacidad.
Datos personales y vigilancia: cuando lo digital deja de ser neutro
La privacidad es el derecho que nos permite tener una vida sin vigilancia permanente, sin temor a ser perfilados o perseguidos por lo que decimos, a quién llamamos o qué sitios consultamos.
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Desde una perspectiva técnica y ciudadana, no hay duda de que el país necesita avanzar hacia una identidad digital sólida. Una herramienta como Llave MX, que concentre trámites y permita acceder a servicios gubernamentales de forma simplificada, puede representar un salto significativo. Pero cuando esta llave se basa en datos biométricos (huellas, rostro, iris, voz), estamos hablando de información única e irremplazable. No son contraseñas: no podemos cambiarnos de huella si es vulnerada, ni pedir un nuevo rostro si nuestra identidad ha sido hackeada.
Lo mismo sucede con las reformas en seguridad y telecomunicaciones. El acceso a la geolocalización en tiempo real, la intervención de llamadas sin autorización judicial o la retención obligatoria de datos por parte de las empresas proveedoras de servicios de internet y telefonía, representan riesgos concretos. La privacidad es el derecho que nos permite tener una vida sin vigilancia permanente, sin temor a ser perfilados o perseguidos por lo que decimos, a quién llamamos o qué sitios consultamos.
En mi etapa como Comisionada del INAI, fuimos testigos de cómo el mal uso de bases de datos puede vulnerar derechos fundamentales. Atendimos cientos de denuncias por filtraciones, hackeos, acopios indebidos de información y opacidad institucional. En algunos casos, promovimos controversias constitucionales para frenar iniciativas que comprometían la privacidad de millones de personas. Hoy, ante este nuevo marco normativo, es inevitable preguntarnos: ¿quién supervisará el tratamiento de estos datos? ¿Dónde están las evaluaciones de impacto? ¿Qué mecanismos tendrán las y los ciudadanos para exigir rendición de cuentas?
Preocupa, por ejemplo, que no se haya actualizado el aviso de privacidad del trámite de CURP para incorporar los nuevos elementos biométricos. Tampoco se ha explicado si este proceso será obligatorio para toda la población o si existirá una vía alterna para quienes no deseen entregar esta información. En el caso de las reformas en seguridad y telecomunicaciones, la falta de controles judiciales o de órganos autónomos de vigilancia alimenta el riesgo de abusos.
Se argumenta que estas reformas permitirán combatir la corrupción, mejorar la seguridad o modernizar al Estado. Pero esas metas no pueden alcanzarse sacrificando derechos. La corrupción se combate con controles institucionales, transparencia y sanciones ejemplares. La seguridad se construye con inteligencia, sí, pero también con legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
Estamos frente a una expansión sin precedentes de la vigilancia estatal en un país con antecedentes delicados en materia de espionaje, uso político de la información y filtraciones masivas. Los datos personales no pueden ser vistos como un recurso técnico o un insumo más de las políticas públicas. Son, literalmente, parte de nuestra identidad.
Estas reformas necesitan controles efectivos, la ciudadanía debe conocer con claridad quién custodiará su información, bajo qué principios, con qué protocolos de seguridad y durante cuánto tiempo. Es urgente garantizar auditorías independientes, establecer sanciones claras en caso de mal uso y, sobre todo, fortalecer los mecanismos de protección de datos personales.
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No se trata de estar en contra del desarrollo tecnológico. Se trata de exigir que ese desarrollo respete nuestra dignidad. Porque una identidad digital sin protección es una puerta abierta al abuso, y una sociedad vigilada sin límites no es una sociedad más segura, es una sociedad más vulnerable.
México tiene la oportunidad de ser pionero en el uso responsable de la tecnología en el servicio público. Pero para lograrlo, se necesita una ética pública digital y un compromiso institucional real con los derechos de las personas. La privacidad no es un lujo ni un obstáculo: es la base de cualquier democracia que se diga moderna.
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Nota del editor: Julieta Del Río Vengas es ex Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Síguela en X como @JulietDelrio Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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