Los punteros en la encuesta son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, empatados en alrededor de 33% de la intención de voto. Y el puntero de las oposiciones no milita en el PAN, el PRI ni el PRD sino en Movimiento Ciudadano. Es Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, que aglutina 26% de las preferencias. Le siguen, muy atrás, los panistas Margarita Zavala y Ricardo Anaya con 14% y 13%, respectivamente. El priista mejor ubicado es Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, con 7%.
De las más de 100,000 personas desaparecidas y no localizadas en México entre 1964 y hoy, prácticamente una tercera parte desapareció en los tres años y medio que van de la actual administración. Entre 2019 y 2021, el gobierno de López Obrador promedió más de 9,000 desapariciones al año. Durante sus respectivos sexenios, el de Peña Nieto promedió casi 6,000; y el de Calderón, casi 3,000. Para ponerlo en perspectiva histórica, las desapariciones correspondientes al periodo de la Guerra Sucia (1964-1982) promedian menos de 50 al año.
El problema de las oposiciones, con todo, no es que carezcan de una candidatura sólida, de un programa o que estén divididas (PAN, PRI y PRD por un lado, MC por el otro), es que les falta credibilidad: 45% del electorado está en contra de que MC se sume a la alianza opositora, solo 21% está a favor; 54% no está dispuesto a votar por el candidato de una alianza PAN-PRI-PRD-MC?”, 25% sí lo está. Y a la pregunta de “¿qué es mejor para el país de cara a las elecciones presidenciales del 2024? Que gane un candidato que…”, 65% responde “dé continuidad al proyecto del presidente AMLO” y 25% “detenga el proyecto del presidente AMLO”.
El problema del movimiento de familiares y madres buscadoras de desaparecidos es muy distinto. Es tener que sobrellevar el suplicio del silencio y la ausencia, lidiar no con el duelo de una muerte sino con un hachazo de incertidumbre: no saber dónde están ni qué les pasó a sus seres queridos. Es la necesidad peregrinar de oficina en oficina sin que ningún nivel de gobierno las atienda hasta verse obligadas a hacer ellas mismas el trabajo de investigación y búsqueda que no hace el Estado mexicano. Es el riesgo en el que incurren al hacerlo, el peligro que representa querer arrojar luz sobre lo que tantas autoridades y/organizaciones criminales preferirían que siguiera oculto.
