El problema es que la CNBV, con la anuencia del poderoso cabildeo bancario y la Secretaría de Relaciones exteriores (SRE), ha hecho que la regulación aprobada sea un Frankenstein y esté escrita de modo que los bancos no estén obligados a bancarizar a los migrantes.
Primero porque la CNBV aprobó varias prórrogas para que los bancos no tuvieran que hacerlo de inmediato; segundo, porque se aprobó una redacción con truco. Es decir, una regulación a modo que hace que los bancos no tengan que abrir cuentas de migrantes si no cuentan con personal capacitado para validar los documentos del INM.
El truco yace en que, como cada banco decide discrecionalmente si quiere tener personal capacitado para validar los documentos del INM, o no, ningún banco lo hace.
Contacté a cuatro grandes bancos (Banamex, Banorte, Scotiabank y BanCoppel) para preguntar si sería posible que un extranjero viviendo en México abriera una cuenta bancaria con documentos migratorios. La respuesta fue un no categórico.
Los bancos no desean abrirle cuentas a migrantes vulnerables por una simple razón: no es buen negocio. Los migrantes no tienen grandes recursos, no son sujetos de grandes créditos y, por el contrario, podrían realizar operaciones que serían sujetas de vigilancia por las estrictas regulaciones que tiene México en lavado de dinero. Es decir, el migrante les cuesta mucho y les deja poco.
La CNBV no debería permitir que empresas privadas discriminen a personas vulnerables solo porque les pueden cobrar menos dinero. Su trabajo debería ser regular a la banca en favor personas vulnerables. No lo ha hecho.
Por el contrario, el único compromiso sobre la mesa para avanzar en el tema es que, eventualmente, la SRE tendrá un sistema para validar los documentos del INM de manera oficial. De esa forma, ya no se tendrá que depender de la capacitación privada. Sin embargo, por una u otra razón, ya sea la austeridad o la falta de atención al tema, la SRE simplemente no lo ha hecho. Y mientras no lo haga, la CNBV ha creado una regulación en favor de los bancos y en detrimento de los migrantes.
Así, los bancos mantienen sus utilidades altas mientras que los migrantes son obligados a recurrir a cargar su dinero en efectivo, haciéndose más vulnerables al crimen organizado o a pedir favores a otras personas para que les guarden su dinero. Tal pareciera que la CNBV operara al servicio de los bancos, más preocupada por mantener la altísima utilidad y estabilidad de la banca mexicana que por implementar una regulación que beneficie a los consumidores.
Si los migrantes tuvieran recursos podrían ampararse en contra de esta violación a sus derechos, acudir a las reuniones entre la CNBV y la Asociación de Bancos de México (ABM), y externar su postura. No tienen recursos y, por tanto, la regulación se acuerda entre los poderosos.
