El Fondo Minero era una buena idea que debía ser mejorada y blindada para que el recurso se usara de manera más rápida y mejor. De hecho, OXFAM México declaró “a pesar de las deficiencias en el diseño y funcionamiento del Fondo Minero, era un mecanismo con un gran potencial redistributivo, que de haber mejorado podría haber tenido un impacto mucho mayor para las comunidades mineras”.
López Obrador no pensó lo mismo y como ha hecho con muchas cosas simplemente lo despareció. El impuesto especial se sigue cobrando a las empresas mineras, pero ahora ese dinero es usado para la mejora de centros educativos, infraestructura de salud y hasta desarrollo urbano, entre otras. Es decir, ya no se usa exclusivamente en las comunidades afectadas .
Ahora las comunidades mineras están abandonadas y sufren las mismas afectaciones que antes, pero sin mecanismos compensatorios.
Esto debe cambiar. En México existen cerca de 24,000 concesiones mineras que representan el 9% del territorio nacional. La producción, valorada en 385,000 millones de pesos al año, genera múltiples empleos y derrama económica pero también devasta ambiental y socialmente a varias comunidades, sobre todo en Chihuahua, Zacatecas y Sonora.
