Sin embargo, las escuelas privadas no quieren ser reguladas. Protegiendo sus cotos de poder argumentan que habrá bancarrotas masivas si se les pide que transparenten costos por adelantado. Están acostumbradas a que el padre de familia no pueda hacer cuentas de cuánto le va a costar el año escolar completo.
Más aún, dicen que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya regula los colegios particulares, lo que es una verdad a medias. Si bien la SEP regula cuestiones educativas, no entra en la parte mercantil, una parte que evidentemente existe cuando se compra el servicio de educación privada.
Increíblemente, algunos padres de familia se han puesto del lado de las escuelas. Cual Síndrome de Estocolmo, defienden que las escuelas no tengan que rendirles cuentas. Esto sucede, ya sea por razones ideológicas (como me dijo uno de ellos “entre más lejos esté el gobierno, mejor”) o porque las escuelas les han dicho que van a subir las colegiaturas si se aprueba.
Hasta cierto punto estas reacciones son de esperarse. Como he documentado en mi libro “ No Es Normal ”, el consumidor mexicano está acostumbrado a múltiples abusos y los ha normalizado. Esto incluye sobreprecios, costos altos y baja calidad en los servicios que adquirimos. Pienso que es momento de detener los abusos que pululan en muchas industrias en México, incluyendo los de la educación privada.
Ello no quiere decir que la NOM-237 sea perfecta tal cual esta. En lo personal considero que la figura de las “Unidades de Inspección” (UI) (empresas privadas cargadas de emitir dictámenes de cumplimiento de la norma) debe revisarse a detalle. Al momento, existe el riesgo de que las UI se conviertan en cotos de poder pues se les requiere que sigan la norma mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 –una norma que, según ha documentado Cofece, carece de transparencia y puede beneficiar a quienes ya ofrecen servicios de verificación. Valdría la pena considerar la eliminación de las UI y dejar que Profeco haga inspecciones solo en caso de quejas.
