Las secretarías de Economía (SE) y de Educación Pública (SEP) elaboraron el proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) 237, con la que se busca regular los derechos y las obligaciones de las escuelas particulares en la prestación de servicios educativos.
La nueva norma ha causado inquietud entre padres de familia e instituciones privadas, que acusan que con estas medidas se pretende una "sobrerregulación" que generará costos excesivos para ambas partes.
Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, afirmó que esto no ocurrirá con la implementación de la norma, pues lo que se pretende es dar certeza sobre los servicios educativos que ofrecen las instituciones particulares.
"Para nada habrá ningún tipo de costo excesivo. Se busca que haya una obligación de transparencia y de precisión en la información que proporcionen (las escuelas) acerca de cuáles son los servicios que van a proporcionar, cuánto van a cobrar y qué van a cobrar", señaló Cantú en una entrevista con Expansión Política.
El funcionario dijo que con la NOM 237 también se busca establecer que los compromisos que adquieran ambas partes no se puedan modificar con algún costo extra para ninguna de las dos. Es decir, que los colegios no traten de aumentar sus ingresos o que los padres de familia o estudiantes incumplan con sus obligaciones de pago a las cuales se comprometieron al momento de iniciar el ciclo escolar y firmar un contrato.
"De eso se trata, de darle certidumbre a ambos para evitar los abusos de cualquiera de las partes (...) El único costo que puede implicar es adquirir un archivero para tener los contratos sistematizados, no debe implicar ningún costo mayor. Y a los padres de familia les podemos decir que para ellos no se están estableciendo obligaciones adicionales a las que ya tenían con los colegios", insistió.
Cantú expuso que con la NOM se busca mantener regulados los contratos de adhesión, es decir, aquellos que presentan las instituciones a los estudiantes y padres de familia al momento de informar sobre los servicios que ofrecen y sus costos. "Es una obligación de transparencia y derecho al acceso a la información", señaló.
Con la nueva norma no se contempla ningún tipo de verificación directa, a menos de que se presentaran quejas, por lo que las instituciones privadas solo deberán registrar sus contratos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Ese registro podrá hacerse de forma electrónica y, según Cantú, tampoco implicará que las escuelas necesiten alguna certificación por parte de terceros.
"Simple y sencillamente, cuando haya una queja se acudirá a revisar que se esté cumpliendo con lo que se acordó en el contrato, eso es lo único", dijo el funcionario.
El 12 de mayo pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el proyecto de la NOM 237, con el título "Servicios educativos-Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia".
De acuerdo con Cantú, la nueva norma se incluyó dentro del programa de este año y se publicó originalmente un anteproyecto que, como marca la Ley de Infraestructura de la Calidad, obliga a que se abra durante 60 días para que se hagan llegar todas las observaciones.
Una vez que se cumple ese pazo, se sistematizan estas observaciones y se abren grupos de trabajo. En esta ocasión estaban previstos ocho grupos de trabajo y, al final, se realizaron 16 sesiones en las que se incorporaron varias observaciones y comentarios de los participantes.
El anteproyecto se aprobó y ahora está en el Consejo de Normalización, que tiene que enviar esta norma a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), donde también se tiene que establecer cuál es el impacto regulatorio, y una vez que lo libere, la NOM 237 se publicará en el DOF y ya entrará en vigor.
"Seguramente, en el mejor de los casos, la norma entraría en vigor hasta el siguiente ciclo escolar, en el 2022, aunque también podría ocurrir 2023", dijo Cantú.
Asimismo, mencionó que la NOM 237 viene a sustituir un acuerdo del Ejecutivo federal que data del siglo pasado y que fue elaborado por la entonces Secretaría de Economía y Fomento Industrial (Secofi) y sigue vigente.
Sin embargo, en dicho acuerdo no se establecen los contratos de adhesión, por lo que resulta complicado atender una queja de padres de familia cuando las instituciones, por ejemplo, elevan las colegiaturas sin previo aviso y con el ciclo escolar en curso.
