Cada día estamos más cerca de lograr una regulación legal de cannabis en nuestro país. Cuando abordamos este tema, lo que más resalta son los avances políticos y culturales que hemos vivido en los últimos años. Los tres poderes de gobierno se han dado cuenta de la necesidad de transitar hacia una reforma a la política de drogas, y la población cada vez está mejor informada de lo que el mundo cannábico tiene por ofrecer. Aún hay preguntas pendientes sobre todo alrededor del proceso político, si una persona ya puede cultivar sus plantas y sobre qué está haciendo cada poder de gobierno alrededor del tema.
Comenzando por el Poder Judicial, hemos observado la manera en la que la ciudadanía está utilizando mecanismos legales para defender sus derechos. La jurisprudencia, y su consecuente Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI), que permite el acceso al cultivo y consumo de cannabis como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es un triunfo de la sociedad civil que por varios años promovió un proceso de litigio estratégico, en el que ha participado el abogado Andrés Aguinaco, y otras personas y colectivos que forman parte de la coalición #RegulaciónPorLaPaz.