La decisión de la SCJN ha exhibido la incompetencia del Poder Legislativo, el cual después de casi tres años, no fue capaz de redactar y publicar una ley que satisficiera el mandato de la Jurisprudencia que se logró desde el año 2018. Aún cuando la Corte le extendió tres prórrogas para alcanzar un acuerdo, lo más que se pudo fue enviar un abigarrado dictamen por parte del Senado a la Cámara de Diputados, que más que proyectar coherencia y visión, al tratar de satisfacer todas las opiniones, se convirtió en uno de esos galimatías que, por salud jurídica, terminan en la congeladora.
Ahora, la Secretaría de Salud –junto con la Cofepris– deberá generar un marco reglamentario que permita la siembra, cosecha, transportación y consumo del cannabis. No obstante, el Congreso deberá “garantizar seguridad jurídica a la población mexicana” y hacer el trabajo que hasta el momento no ha desarrollado. Especial atención debe dársele a la revisión del Código Penal, toda vez que prevalece una incongruencia. Aún cuando la declaración de inconstitucionalidad de los citados artículos de la Ley de Salud permiten el autoconsumo, el delito de narcomenudeo sigue vigente y las personas aún pueden ser perseguidas por ello.
Hay que celebrar que el libre desarrollo de la personalidad como derecho humano ha sido la base para esta resolución. La esencia del debate en torno a la cannabis no sólo ha sido el de eliminar los prejuicios existentes, sino la libertad de las personas.
¿Qué tipo de sociedad queremos tener? ¿Una en la que sea el gobierno quien decida por la población, donde las autoridades definan sin la intervención de los gobernados lo que está prohibido y lo que no?, o, ¿una donde cada una de las personas que componen dicha sociedad, con información suficiente, puedan decidir que rumbo seguir en su vida? La segunda es una sociedad madura que puede ejercer derechos de manera seria y responsable. También es una sociedad donde el enfoque de salud y no punitivo, permita iniciar una nueva etapa en torno a la política de drogas en el país.