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#ColumnaInvitada | Inseguridad y violencia: el compromiso pendiente de AMLO

La injerencia política del crimen organizado es uno de los riesgos más apremiantes para la democracia mexicana y los mecanismos institucionales vigentes parecen insuficientes para enfrentarlo.
mar 19 octubre 2021 11:59 PM
Un comando armado asesino a 6 personas en un ataque armado en el bar cantina "La 25", ubicada en la colonia Las Américas, en Morelia. El ataque sucedió alrededor de las 04:30.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que seis personas fueron asesinadas durante un ataque armado en un bar de Morelia.

Al inicio del sexenio, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se comprometió a reducir en 50% las tasas de homicidio doloso en los primeros tres años de gobierno. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que su estrategia de seguridad se enfocaría en combatir las causas estructurales de la violencia, a través de la implementación de programas sociales universales que desincentivarían a los más jóvenes de participar en actividades delictivas. Anunció, en consecuencia, el fin del combate directo al crimen organizado y de la llamada “guerra contra el narco”.

No obstante, la realidad ha superado la retórica. Las tasas de homicidio doloso se han mantenido prácticamente constantes en la primera mitad del sexenio, en cerca de 27 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que es equivalente a aproximadamente 100 homicidios por día. Y han aumentado los enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado, que se disputan el control de los mercados ilícitos que operan en el país, sobre todo de las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

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Entre enero de 2019 y julio de 2021, Integralia contabilizó 378 masacres, en las que han muerto cerca de 2 mil civiles; la mayoría se han concentrado en los estados del centro del país, incluyendo Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Esta entidad ha entrado en un espiral de violencia: en lo que va de 2021, ha registrado una tasa de 61.45 víctimas por cada 100 mil habitantes, la más alta del país.

Además, ha aumentado la injerencia del crimen organizado en las elecciones y las estructuras gubernamentales, sobre todo municipales. En el proceso electoral 2020-2021, Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política, que dejaron 179 víctimas mortales, de las cuales 36 eran aspirantes o candidatos a cargos de elección popular.

Se reportó también el presunto uso de tácticas intimidatorias para condicionar el voto por candidatos afines a organizaciones criminales en varios estados de la República, notoriamente Michoacán, Sinaloa y San Luis Potosí. En consecuencia, la injerencia política del crimen organizado es uno de los riesgos más apremiantes para la democracia mexicana y los mecanismos institucionales vigentes parecen insuficientes para enfrentarlo.

La agenda de seguridad pública del gobierno federal se ha caracterizado por una falta de estrategias y objetivos concretos. Los programas universales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro no han tenido los efectos esperados, pues para lograr una reducción contundente de la incidencia delictiva se requeriría de programas focalizados que atendieran las causas estructurales en cada comunidad vulnerable. Además, ha prevalecido la descoordinación entre niveles de gobierno y se ha hecho un uso politizado de las fuerzas de seguridad federales.

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El componente central de la agenda de seguridad del presidente López Obrador ha sido la creación y el despliegue de la Guardia Nacional, que reemplazó a la Policía Federal. La Guardia se ha consolidado como un cuerpo militarizado, pues hasta 70% de sus elementos siguen adscritos a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, sus mandos son mayoritariamente militares, su agenda operativa se define desde la Sedena, y menos de 10% de sus elementos cuentan con el Certificado Único Policial que exige la reforma constitucional que le dio origen.

Asimismo, su funcionamiento se ha caracterizado por una falta de objetivos claros. Desde un inicio, no se definieron criterios técnicos para su despliegue, que no respondió a las tasas de incidencia delictiva ni a consideraciones poblacionales.

El presidente ha dicho que en 2023 presentará una iniciativa de reforma constitucional para trasladar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Su aprobación relegaría aún más la indispensable tarea de profesionalizar y fortalecer a cuerpos policiales civiles locales, lo cual en última instancia vuelve a los gobiernos estatales aún más dependientes de la intervención de las fuerzas federales.

Aumentaría también el riesgo de violaciones de derechos humanos, pues los militares no han recibido el adiestramiento requerido para atender a poblaciones civiles vulnerables. De hecho, desde que López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018 y hasta abril de 2021, la CNDH había recibido 1,742 quejas contra miembros de las Fuerzas Armadas, de las cuales 487 fueron en específico contra guardias nacionales.

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Su aprobación también afectaría la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. Ha trascendido que en los últimos años, elementos militares de la Guardia Nacional se han negado a desempeñar funciones de primeros respondientes que tienen que comparecer ante un juez, y en su lugar piden que las policías estatales asuman esa responsabilidad, incluso cuando no estuvieron en la escena del crimen. Ello ha derivado en un mayor número de carpetas de investigación desechadas por errores procesales.

Todo lo anterior señala que éste será un sexenio perdido en materia de seguridad pública, a menos que el gobierno federal reevalúe de inmediato prioridades y modifique la estrategia. Se requiere urgentemente reforzar el presupuesto asignado a instituciones civiles de seguridad; implementar reformas estructurales al sistema penal y al proceso de reinserción social, y sobre todo, abandonar la política de “abrazos, no balazos” para reestructurar las estrategias de combate al crimen organizado, y así evitar que éste siga fortaleciendo sus bases de apoyo social y control territorial.

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Notas del editor:

Carlos Rubio (@carlosrubp) es consultor especializado en seguridad pública y riesgo político en Integralia (@Integralia_Mx)

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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