Al inicio del sexenio, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se comprometió a reducir en 50% las tasas de homicidio doloso en los primeros tres años de gobierno. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que su estrategia de seguridad se enfocaría en combatir las causas estructurales de la violencia, a través de la implementación de programas sociales universales que desincentivarían a los más jóvenes de participar en actividades delictivas. Anunció, en consecuencia, el fin del combate directo al crimen organizado y de la llamada “guerra contra el narco”.
No obstante, la realidad ha superado la retórica. Las tasas de homicidio doloso se han mantenido prácticamente constantes en la primera mitad del sexenio, en cerca de 27 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que es equivalente a aproximadamente 100 homicidios por día. Y han aumentado los enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado, que se disputan el control de los mercados ilícitos que operan en el país, sobre todo de las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
