Este último requiere mención aparte. El presidente anunció en abril un aumento de 30% para el apoyo, la reducción de la edad para recibir el programa de 68 a 65 años y prometió llevar la pensión a 3 mil pesos mensuales para el año 2024. Este incremento supondrá una enorme presión fiscal no sólo para los últimos años de la administración, sino para las siguientes décadas. Por ejemplo, el programa pasará de un presupuesto original de 40 mil millones de pesos en 2018 a 238 mil millones de pesos en 2022, 370 mil millones en 2024, 580 mil millones en 2030 y 900 mil millones en 2036. No existe ninguna previsión presupuestal para financiar este incremento.
Por último, para dar cabida fiscal a éste y otros programas, al tiempo de no contar con fuentes adicionales de ingresos, el gobierno ha debido recurrir a reducciones en otras partidas presupuestales no menos relevantes. La inversión pública ha caído en los primeros tres años del gobierno, con reducciones significativas en la inversión física en electricidad, comunicaciones y transportes, agua potable, entre otros. Asimismo, las funciones de gobierno, protección ambiental, agricultura, transporte, comunicaciones, turismo, observan caídas relevantes respecto a sus niveles anteriores a 2018, y el gasto en salud y educación se encuentra estancado.
En resumen, si bien no existen al momento nubarrones de corto plazo para las finanzas públicas del país, los próximos años no serán nada sencillos. Quien quiera que sea el sucesor(a) de López Obrador, heredará arcas públicas en condiciones mucho más precarias que las que él recibió en 2018. Sin ingresos adicionales, con fuertes presiones de gasto, con rubros del presupuesto muy castigados durante el sexenio y sin bolsas presupuestales de emergencia, difícilmente puede calificarse el manejo fiscal del actual gobierno como “responsable”.
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Notas del editor:
El autor es Socio Consultor en Integralia (@Integralia_Mx).
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