#ColumnaInvitada | ¿Es responsable el paquete económico 2022?

Dicho lo anterior, al observar con un poco mayor detenimiento los cimientos en los que se basa el presupuesto para 2022, y plantear escenarios más allá del año entrante, surgen dudas respecto a la herencia que dejará en materia presupuestal el gobierno de López Obrador.

Primero, según las recientes estimaciones de la Secretaría de Hacienda, y a pesar de que los ingresos tributarios han tenido un desempeño mejor de lo previsto, al cierre de 2024, los ingresos presupuestarios equivaldrán a 21.9% del PIB, ligeramente por arriba del 21.7% de 2018. Será el primer sexenio en los últimos 25 años en el que los ingresos no habrán crecido como proporción del PIB, a pesar de que el gobierno cuenta con la legitimidad, la aceptación popular y una cómoda mayoría en el Congreso para emprender una necesaria reforma fiscal, misma que el presidente parece haber descartado de manera definitiva.

Segundo, para complementar los ingresos, el gobierno ha utilizado los recursos no recurrentes heredados de sexenios anteriores, como los fondos de estabilización y los fideicomisos existentes, incluidos el Fonden y el Fondo de Gastos Catastróficos en materia de salud. No se vislumbra, al menos por la trayectoria que llevan los ingresos y gastos al momento, que el gobierno sea capaz de restituir dichos fondos de aquí al final de la administración.

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Tercero, el gobierno enfrentará en los siguientes años fuertes presiones de gasto derivados de los compromisos adquiridos por proyectos de infraestructura en fases decisivas de construcción, de mayores requerimientos de capital y servicio de la deuda en Pemex y CFE, de los crecientes compromisos pensionarios derivados de los regímenes de transición, así como de una expansión relevante del gasto social, particularmente del programa de pensiones para adultos mayores.

Este último requiere mención aparte. El presidente anunció en abril un aumento de 30% para el apoyo, la reducción de la edad para recibir el programa de 68 a 65 años y prometió llevar la pensión a 3 mil pesos mensuales para el año 2024. Este incremento supondrá una enorme presión fiscal no sólo para los últimos años de la administración, sino para las siguientes décadas. Por ejemplo, el programa pasará de un presupuesto original de 40 mil millones de pesos en 2018 a 238 mil millones de pesos en 2022, 370 mil millones en 2024, 580 mil millones en 2030 y 900 mil millones en 2036. No existe ninguna previsión presupuestal para financiar este incremento.

Por último, para dar cabida fiscal a éste y otros programas, al tiempo de no contar con fuentes adicionales de ingresos, el gobierno ha debido recurrir a reducciones en otras partidas presupuestales no menos relevantes. La inversión pública ha caído en los primeros tres años del gobierno, con reducciones significativas en la inversión física en electricidad, comunicaciones y transportes, agua potable, entre otros. Asimismo, las funciones de gobierno, protección ambiental, agricultura, transporte, comunicaciones, turismo, observan caídas relevantes respecto a sus niveles anteriores a 2018, y el gasto en salud y educación se encuentra estancado.

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En resumen, si bien no existen al momento nubarrones de corto plazo para las finanzas públicas del país, los próximos años no serán nada sencillos. Quien quiera que sea el sucesor(a) de López Obrador, heredará arcas públicas en condiciones mucho más precarias que las que él recibió en 2018. Sin ingresos adicionales, con fuertes presiones de gasto, con rubros del presupuesto muy castigados durante el sexenio y sin bolsas presupuestales de emergencia, difícilmente puede calificarse el manejo fiscal del actual gobierno como “responsable”.

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Notas del editor:

El autor es Socio Consultor en Integralia (@Integralia_Mx).

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