A razón de la reforma energética propuesta por López Obrador, entre analistas y activistas se ha puesto de moda la frase “defender las instituciones” como si ello fuera una virtud democrática a ultranza. Algo que todo ciudadano consciente debería hacer.
Esta defensa si bien intencionada, pero parece un grave error. Me explico.
Las instituciones son organismos que desempeñan funciones de gobierno que les han sido conferidas por la constitución u otras leyes. Por ejemplo, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la ley le confiere la misión (entre otras) de promover la competencia del sector energético. Nótese que hay otras definiciones más amplias de “instituciones”, pero utilizo esta porque es la más conocida y la que frecuentemente se utiliza en discusiones públicas y no académicas.
Las instituciones, así definidas, surgen como resultado de procesos políticos, visiones y acomodos de fuerzas. Es decir, cada institución del gobierno mexicano ha surgido como resultado de negociaciones en el Congreso, mediante acuerdos a los que llegan diversos partidos políticos que representan las preferencias de los ciudadanos. Por ejemplo, la CRE, como hoy la conocemos, fue creada durante el sexenio de Peña Nieto como parte de la reforma energética.
Así, las instituciones son, en gran medida, una herencia de pasado. Del peñanietismo en el caso de la CRE. Por eso, cuando las preferencias de los ciudadanos cambian, las instituciones deben poder cambiar para actualizarse.
La democracia es por naturaleza cambiante. El autoritarismo no. Con el autoritarismo la decisión tomada es terminante.
En la democracia no hay instituciones indispensables porque lo terminante no es quién o qué oficina está encargada de implementar un proceso, sino que se reflejen las preferencias y el interés colectivo –protegiendo los derechos humanos y a las minorías.
Es por ello que no tiene sentido “defender las instituciones”. Eliminar instituciones no solo es deseable en una democracia, es necesario para dar pie a mejores innovaciones y arreglos. De hecho, los arreglos democráticos que en la actualidad más reflejan el interés colectivo surgieron precisamente al erradicar instituciones previas.
Más aún, existen instituciones que no reflejan el interés colectivo sino el interés de quienes, en su momento, aprobaron la creación de dichas instituciones. En México, hay múltiples ejemplos de ello: las leyes fiscales, el gasto público, las leyes laborales y de competencia son imperfectas, en gran medida porque han sido cabildeadas por las élites económicas en su beneficio.
Un ejemplo prototípico de ellos es la institución del notariado: un monopolio ineficiente, caro e innecesario, creado por acuerdos políticos con visiones extractivas. No hay razón alguna para defender a los notarios. La “institución del notariado” debería ser erradicada y substituida por un proceso económico y eficiente.
Es irrelevante defender una institución, lo que debe defenderse es el interés colectivo.
Ahora bien, hay muchos expertos que creen que deben defender las instituciones porque, a ellos les parece, que las instituciones actuales están en favor del interés colectivo. Esto es un error. El interés colectivo se define, en una democracia, por la mayoría, no por los expertos. Los expertos pueden dar su punto de vista, pero no hay razón alguna para que este sea aceptado o vinculante.
Claro que hay quien piensa que esto no debe ser así. Argumentan que los votantes tienen malas ideas y por ello, empoderan a políticos ignorantes. Asumiendo (sin conceder) que sea así, ese es un riesgo natural de la democracia. Si se quiere evitar ese riesgo, se debe luchar en el terreno de lo político para convencer a los votantes de que piensen diferente y así lograr el empoderamiento de mejores políticos.
La democracia no es el gobierno de los expertos, ni de los que saben más. La democracia es el gobierno del colectivo. Y el colectivo tiene el derecho y la prerrogativa de cometer aciertos y errores.
Hay quien no quiere democracia y prefiere un gobierno de élites, una aristocracia. Ya sea de élites académicas tomando decisiones con independencia de las preferencias de los individuos o de élites económicas haciendo lo mismo. Esas personas piensan que las élites pueden velar mejor por los intereses de todos.
El tema es que no es así. Una tras otra vez hemos visto a personas calificadas tomando decisiones para sus propios intereses, ya sea dándose cuenta o sin darse cuenta. Sin un contrapeso ciudadano y transparencia, las personas más calificadas no pueden gobernar democráticamente. Nadie puede.
Uno de los reacomodos más fuertes de las preferencias políticas del México contemporáneo se dio en 2018 cuando el votante mostró, con un clamor sin precedente, su rechazo a las políticas públicas implementadas por las presidencias del PRI y del PAN. Ante ello, lo raro sería que las instituciones no cambiaran.
Ninguna institución es la democracia, todas son el resultado de ella y por ello, si democráticamente se concluye que ya no se le necesita, lo legítimo es que desaparezca. La clase media debe defender la democracia, no las instituciones creadas por y para las élites económicas.
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