Si bien la agenda legislativa relacionada con la seguridad pública y su conexión con la seguridad nacional es muy amplia, considero tres aspectos fundamentales que los y las legisladores federales deben de tomar en cuenta si desean incidir en la reducción de la incidencia delictiva y en la percepción de inseguridad de la población, siendo estos: impulsar el nuevo modelo de policía y justicia cívica, desaparecer a la Policía Federal Ministerial y crear un nuevo cuerpo policial de investigación y, por último, incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.
El primer factor: “Impulsar el nuevo modelo de policía y justicia cívica”; ya que a casi tres años de su lanzamiento oficial este ha sido un total fracaso, no ha cambiado nada en las policías locales, no se crearon nuevos cuerpos, no se capacitaron, no se les dotó de mayores recursos, más bien se ha apostado a su desmantelamiento y paulatina desaparición, ¿por qué? Porque la Federación no cree en el modelo de policía civil; el Presidente está convencido de que la única manera de sacar a flote la crisis de seguridad pública del país es utilizando al Ejército y a la Marina, de ahí que le haya dado el matiz militar a la Guardia Nacional, que por definición es un “cuerpo policiaco civil y disciplinado”, pero en la práctica nada más ajeno a la concepción doctrinal.
Se necesitan diversas reformas legales al marco jurídico existente, para darle certeza y viabilidad al proyecto de reforma policial, los diputados –especialmente los integrantes de la Comisión de seguridad pública– pueden hacer suyo el proyecto del nuevo modelo policial y relanzarlo con todas las modificaciones legislativas necesarias, para que se pueda materializar y empecemos a ver cambios de fondo en las corporaciones policiacas del país.
El segundo aspecto crucial es: “Desaparecer a la Policía Federal Ministerial y crear un nuevo cuerpo policial”, esto con técnicas de investigación profesionales y modernas que permitan a los agentes del ministerio público eficientar la labor ministerial y abatir el rezago de miles de carpetas de investigación que están “paradas” en todas las agencias ministeriales del país, en parte porque la “Policía de Investigación” no sabe investigar y tiene una profunda corrupción arraigada desde su creación. Sí, se trata de la misma policía que creó y diseñó Tomás Zerón de Lucio, hoy prófugo de la justicia con la que fue grabado torturando a un detenido por el Caso Ayotzinapa y la que luego dirigió Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Esta policía se ha visto inmiscuida en diversos actos de corrupción, pero destacan por su gravedad dos: hace un año agentes de esta corporación entraron a robar a un domicilio particular en Atizapán, Estado de México, en la conocida Zona Esmeralda, para ello se aliaron con policías municipales y amenazaron a la seguridad del fraccionamiento, aduciendo que contaban con una orden de cateo que por supuesto era falsa; en el segundo hecho, hace una semana medios de comunicación dieron a conocer un video, donde agentes federales roban paquetes de posible cocaína en un falso allanamiento. Estos dos casos ilustran la corrupción que siempre ha imperado en la Agencia de Investigación Criminal.
