El tema se intentó colocar por parte México en la agenda bilateral en muchas ocasiones. No obstante, la priorización de los temas de la agenda por Estados Unidos (EU) siempre ha marcado el paso de la agenda bilateral de seguridad: siempre priorizando migración y narcotráfico, pero nunca se enfrentó el origen de todos los males: el tráfico de armas que ingresa de forma desregulada por la frontera norte y que tiene una relación proporcional en el incremento de los homicidios por arma de fuego.
Se sabe que al menos entre 230 y 250 mil armas cruzan anualmente; mientras que otras fuentes estiman que entre 300 y 350 mil. El flujo es clandestino y difícil de contabilizar, pero es tan grande que supera la capacidad de la detención por parte de México con sus autoridades aduanales, sus fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
En los EU, el tráfico de armas es un tema de interés nacional, pues veinte estados cuentan con leyes de control de armas, pero no están siendo acatadas por las empresas productoras de armas para evitar que caigan en manos de criminales o tiradores en masa. La Administración Biden promueve una regulación federal, pero se enfrenta a un Tribunal Supremo conservador y al partido republicano que respalda al lobby de armas.
En el análisis del poder nacional de México, se sabe que el país no tiene un poder duro con el que pueda posicionarlo en condiciones de igualdad ante el hegemón estadounidense por mantener una política exterior pacifista. Pero si el poder duro no es la principal fuerza de México, entonces su fuerza residirá en el manejo estratégico del poder suave.
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Es así, que el Gobierno de México recurrió el día 4 de agosto a presentar la más trascendente acción de poder suave de lo que va de este siglo en el país: recurrir a la fuerza del Derecho para salvar vidas y garantizar su seguridad nacional, con la presentación de una demanda civil a las empresas demandadas con el fin de que compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. Esta demanda respeta la segunda enmienda constitucional en el vecino país, y no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en él, pues tan solo denuncia que determinadas prácticas negligentes en ese comercio han generado una afectación en México.
