El Gobierno de México solicita en la demanda lo siguiente:
1. Que las empresas reconozcan que sí tienen deberes legales de evitar armar a criminales en México, y para ello cumplan con ellas: la ley de responsabilidad civil de México, de exportación de armas de EU, las leyes federales de EU que rigen la producción y distribución de armas, las leyes estatales de EU aplicables a las armas, y la ley estatal de agravios de EU, por mencionar algunas. En otras palabras, en la demanda, el Gobierno de México está señalando que dichas empresas no cumplen cabalmente con las leyes federales y estatales de los Estados Unidos, así como con las disposiciones de las leyes mexicanas.
2. Los acusados tienen el deber de vigilar y supervisar a sus distribuidores primarios y secundarios (revendedores de armas o Gunshows).
3. El deber de vender armas de manera responsable.
4. El deber de no proporcionar al criminal, un mercado ilícito de armas en México.
5. El deber de diseñar armas seguras.
6. El deber de abstenerse de actos inflamatorios y marketing imprudente que probablemente atraiga a usuarios delictivos.
7. Que las empresas demandadas no eludan sus deberes siendo intencionalmente ciegos a las consecuencias de la venta de armas, las cuales saben que algunos de sus distribuidores venden cantidades importantes de armas a criminales.
La demanda es una posición congruente que invoca el interés nacional. Su fuerza es moral y jurídica. De no haberse presentado una demanda, el Gobierno de México sería tolerante de las consecuencias que causa el tráfico de armas, y por el contrario exige que surja una nueva posición con respecto a las armas, las cuales son usadas en su uso doméstico para coercionar, torturar, y aniquilar grupos vulnerables. Haber demandado es un acto ético, que merece apoyo nacional. Sus fundamentos son ineludibles.
La lógica de mercado en la venta de armas está acorralada. Si los más de 35 mil muertos anuales del lado mexicano no les sensibilizan a los grupos de empresas de armas, estarían en un dilema moral al ignorar los cerca de 39 mil muertos anuales por armas de fuego del lado estadounidense. Las empresas de armas están en jaque: se gane o no esta demanda por el Gobierno de México, el tema tendrá mayor importancia en la agenda política de los EU, y tendrán que regular a sus distribuidores e incurrir en mejores prácticas ante el producto que venden, el cual solo produce dolor, violencia y muerte.
Con la demanda, el equipo de la Consejería Jurídica de la Cancillería defiende con elegancia la dignidad jurídica de México en nombre de la seguridad humana.
