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#ColumnaInvitada | David contra Goliat: México demanda a empresas de armas en EU

La demanda de México contra productores de armas en EU puede cambiar el curso de la afectación sistemática a la seguridad nacional que ocasiona el tráfico de armas.
mar 10 agosto 2021 06:00 AM
La adquisición de armas en Estados Unidos aumenta temporalmente tras hechos como el tiroteo en Orlando.
México demandó a los fabricantes de armas en Estados Unidos.

El tráfico de armas es catalizador de amenazas más importantes de este siglo. Su afectación es evidente a la seguridad nacional de México, la seguridad fronteriza, la seguridad comercial, la seguridad interior y seguridad pública, a partir de que alimenta la violencia, fortalece al narcotráfico y a los grupos de la delincuencia organizada que intimidan a la sociedad y a las autoridades. Con ellas se cometen delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcotráfico, homicidios dolosos, robo a transeúnte, violación, lesiones dolosas, robo de vehículos, asesinato de periodistas y feminicidio.

El tráfico de armas es un antagonismo sistémico que está generando afectaciones multidimensionales en la región: la violencia que genera el aumento del poder de fuego de los delincuentes tiene también consecuencias en materia de derecho humanitario, pues de forma colateral alienta movimientos migratorios en Centroamérica que huyen de la violencia y tienen como destino a los Estados Unidos. A su vez, el poder armamentista es usado para proteger mercancía ilícita como los precursores químicos y opioides sintéticos, dentro de los cuales el fentanilo es el de mayor gravedad.

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El tema se intentó colocar por parte México en la agenda bilateral en muchas ocasiones. No obstante, la priorización de los temas de la agenda por Estados Unidos (EU) siempre ha marcado el paso de la agenda bilateral de seguridad: siempre priorizando migración y narcotráfico, pero nunca se enfrentó el origen de todos los males: el tráfico de armas que ingresa de forma desregulada por la frontera norte y que tiene una relación proporcional en el incremento de los homicidios por arma de fuego.

Se sabe que al menos entre 230 y 250 mil armas cruzan anualmente; mientras que otras fuentes estiman que entre 300 y 350 mil. El flujo es clandestino y difícil de contabilizar, pero es tan grande que supera la capacidad de la detención por parte de México con sus autoridades aduanales, sus fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

En los EU, el tráfico de armas es un tema de interés nacional, pues veinte estados cuentan con leyes de control de armas, pero no están siendo acatadas por las empresas productoras de armas para evitar que caigan en manos de criminales o tiradores en masa. La Administración Biden promueve una regulación federal, pero se enfrenta a un Tribunal Supremo conservador y al partido republicano que respalda al lobby de armas.

En el análisis del poder nacional de México, se sabe que el país no tiene un poder duro con el que pueda posicionarlo en condiciones de igualdad ante el hegemón estadounidense por mantener una política exterior pacifista. Pero si el poder duro no es la principal fuerza de México, entonces su fuerza residirá en el manejo estratégico del poder suave.

Es así, que el Gobierno de México recurrió el día 4 de agosto a presentar la más trascendente acción de poder suave de lo que va de este siglo en el país: recurrir a la fuerza del Derecho para salvar vidas y garantizar su seguridad nacional, con la presentación de una demanda civil a las empresas demandadas con el fin de que compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. Esta demanda respeta la segunda enmienda constitucional en el vecino país, y no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en él, pues tan solo denuncia que determinadas prácticas negligentes en ese comercio han generado una afectación en México.

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No obstante, la afectación estadounidense y mexicana que causa el tráfico de armas se trata aparte en cada país y con un enfoque político distinto. No obstante, a partir del grave impacto a la seguridad humana, México decidió abordar un enfoque humanista y alzar la voz con la vía legal, para evitar que este antagonismo sistémico tenga un freno.

Una sola demanda usada de forma estratégica —como la honda en manos del joven David bíblico— puede cambiar el curso de la afectación sistemática a la seguridad nacional que ocasiona el tráfico de armas.

El Goliat no es de subestimarse. Es el cúmulo de empresas estadounidenses productoras de armas, cuyas prácticas negligentes fomentan la afectación sistemática a la seguridad nacional de México, que ocasiona el tráfico de armas. Estas empresas son omisas en algunas de sus prácticas de producción, distribución y venta de armas, es decir, no venden responsablemente: no revisan los antecedentes de sus compradores, no monitorean ventas recurrentes de armas de alto calibre y en gran volumen; diseñan sus armas con mayor letalidad y no son rastreables, y los mecanismos de seguridad son insuficientes, lo que logra que cualquiera pueda hacer uso de ellas con el mínimo esfuerzo.

A su vez, estas compañías tienen conocimiento de la violencia que impacta en la seguridad nacional, interior y pública de México, así como las miles de muertes que se ocasionan con la perpetración de delitos en las que se hacen uso de sus armas. Su interés no está en actuar con prácticas responsables sino en aumentar el consumo de armas desmedidamente, e incluso consentir a uno de sus principales clientes: el crimen organizado mexicano, con armas de estilo militar, o enjoyadas y que hagan una apología al narcotráfico. Voltear al otro lado e ignorar las consecuencias desencadenadas de la muerte que generan sus productos les había resultado, hasta que México demandó.

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El Gobierno de México solicita en la demanda lo siguiente:

1. Que las empresas reconozcan que sí tienen deberes legales de evitar armar a criminales en México, y para ello cumplan con ellas: la ley de responsabilidad civil de México, de exportación de armas de EU, las leyes federales de EU que rigen la producción y distribución de armas, las leyes estatales de EU aplicables a las armas, y la ley estatal de agravios de EU, por mencionar algunas. En otras palabras, en la demanda, el Gobierno de México está señalando que dichas empresas no cumplen cabalmente con las leyes federales y estatales de los Estados Unidos, así como con las disposiciones de las leyes mexicanas.
2. Los acusados ​​tienen el deber de vigilar y supervisar a sus distribuidores primarios y secundarios (revendedores de armas o Gunshows).
3. El deber de vender armas de manera responsable.
4. El deber de no proporcionar al criminal, un mercado ilícito de armas en México.
5. El deber de diseñar armas seguras.
6. El deber de abstenerse de actos inflamatorios y marketing imprudente que probablemente atraiga a usuarios delictivos.
7. Que las empresas demandadas ​no eludan sus deberes siendo intencionalmente ciegos a las consecuencias de la venta de armas, las cuales ​​saben que algunos de sus distribuidores venden cantidades importantes de armas a criminales.

La demanda es una posición congruente que invoca el interés nacional. Su fuerza es moral y jurídica. De no haberse presentado una demanda, el Gobierno de México sería tolerante de las consecuencias que causa el tráfico de armas, y por el contrario exige que surja una nueva posición con respecto a las armas, las cuales son usadas en su uso doméstico para coercionar, torturar, y aniquilar grupos vulnerables. Haber demandado es un acto ético, que merece apoyo nacional. Sus fundamentos son ineludibles.

La lógica de mercado en la venta de armas está acorralada. Si los más de 35 mil muertos anuales del lado mexicano no les sensibilizan a los grupos de empresas de armas, estarían en un dilema moral al ignorar los cerca de 39 mil muertos anuales por armas de fuego del lado estadounidense. Las empresas de armas están en jaque: se gane o no esta demanda por el Gobierno de México, el tema tendrá mayor importancia en la agenda política de los EU, y tendrán que regular a sus distribuidores e incurrir en mejores prácticas ante el producto que venden, el cual solo produce dolor, violencia y muerte.

Con la demanda, el equipo de la Consejería Jurídica de la Cancillería defiende con elegancia la dignidad jurídica de México en nombre de la seguridad humana.

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En los días posteriores de la demanda, ya ha generado acciones positivas, pues ha incrementado la importancia del tema en el debate político interno en EU con respecto a las armas, al haber desencadenado reuniones de alto nivel entre la Casa Blanca con los fiscales generales de siete estados y el Distrito de Columbia para discutir políticas y estrategias para detener a los fabricantes y distribuidores de armas y hacerlos responsables por conductas ilícitas que contribuya al suministro de armas de fuego utilizadas para cometer delitos con armas de fuego.

Es una buena señal de que la fuerza moral de la demanda incremente el interés político en México y en los Estados Unidos para resolver la grave amenaza del tráfico de armas. Solo resta confiar en la fuerza jurídica de la misma para ganarla en la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, y conseguir cambios en las prácticas de las empresas de armas y con ello, salvar vidas.

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La autora es especialista en Seguridad.

Consulta su sitio: www.mariadehaas.com

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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