La siempre preocupante impunidad

Una adecuada acepción de impunidad se consigna en el reporte Orenlichter de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que la define como: “(…) la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”. En menos palabras, la impunidad puede ser definida como la ausencia de consecuencias en múltiples materias y niveles por diversas causas.

La revisión de las causas y los entornos que fomentan la impunidad ha sido un tema de gran relevancia que desde 2015 estudia sistemáticamente el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, donde se han producido varias ediciones de un índice que califica el estado de la impunidad en varios países del mundo, así como una mirada introspectiva en los estados de México.

Mientras que políticos de diferentes colores se congratulan de mejorar el lugar de su administración en el índice, o en “no estar tan mal” como otros estados, la realidad insoslayable es que aun en el mejor calificado de ellos los niveles de impunidad son inadmisibles y exigen un estudio detallado de las causas y acciones encaminadas a desmontarlas.

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Una de las “explicaciones” más recurrentes y machaconas por parte de las autoridades investigadoras nos remite a la ausencia de denuncias, e insiste en que debemos fomentar la “cultura de la denuncia” entre la ciudadanía para así poder contar con elementos. En materia de corrupción, sin embargo, esta es una de las mentiras más crueles, no solo porque la autoridad cuenta con atribuciones para iniciar investigaciones de oficio cuando existan indicios suficientes, sino porque además deja del lado de la víctima mucho de lo que debiera ser su trabajo. La cultura de la denuncia se generará sola cuando la cultura de los resultados nos muestre que presentar denuncias tiene un sentido.

Precisamente, sobre los resultados, la reciente investigación sobre autonomía, eficacia y efectividad de las fiscalías anticorrupción, presentada por la Iniciativa en Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey, presenta un panorama preocupante que debe tomarse como la base de cambios profundos y necesarios si queremos combatir la impunidad en serio: el promedio de autonomía de las fiscalías no llega a 6 en una escala de 10; en materia de sentencias condenatorias, Michoacán se encuentra a la cabeza con apenas 9. El balance en materia de eficacia y efectividad resulta complejo, porque por lo menos la mitad de las fiscalías supone su potestad negar información respecto de las variables necesarias para evaluarles.

Ante este preocupante escenario debemos agregar la impunidad por polarización política, que en otras latitudes ha demostrado un celo selectivo en el encausamiento judicial de aliados y adversarios por parte de administraciones republicanas y demócratas (Gordon, 2009). También se ha estudiado cómo la polarización inclina a los ciudadanos a ser selectivamente exigentes de justicia dependiendo de su lealtad o animadversión contra los políticos señalados por corrupción (Breitestain, 2020).

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La lucha contra la impunidad y la corrupción y la búsqueda de la justicia no puede ni debe ser rehén de intereses políticos ni de pasiones selectivas. La venda y la balanza de Themis, diosa de la justicia, son aún más importantes que su espada. Por ello, cuando la aplicación de la ley se somete a consulta se impone una aduana adicional a la justicia; esto no solo es demagógico, sino infame. Ahora bien, cuando se dice que en México la ley no se consulta, se aplica, implícitamente se enarbola una mentira: que la ley se aplica de manera sistemática, imparcial y suficiente en nuestro país, pues esto es francamente falso.

Hoy, la impunidad campea en todas las materias en nuestro país, no solo en materia de corrupción. Hay impunidad añeja y también reciente, ambas deben indignarnos igualmente, independientemente de quién sea señalado. No existe bien mayor que un Estado deba a sus ciudadanos que la justicia, seguido cercanamente de la seguridad; hoy, la impunidad y sus beneficiarios nos niegan ambos. Hoy, el Estado debe asumir a plenitud su razón de ser, sin banderas, colores ni consignas.

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Nota del editor: El autor es politólogo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.