Con la consulta popular, AMLO pone a prueba su poder de convocatoria

López Obrador no es el único que se sumó a la difusión de la primera consulta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que la pregunta será: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". Morena, legisladores y funcionarios también se han volcado a promover el ejercicio.

Desde sus redes sociales o con actos públicos, morenistas como el dirigente del partido, Mario Delgado; el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres; la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, así como el actor Damián Alcázar y numerosas figuras más, llaman a los ciudadanos a ir a las urnas.

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Minuto a minuto: México realiza la consulta popular 2021 Este 1 de agosto se lleva a cabo la primera consulta popular formalmente organizada por el INE. Los ciudadanos podrán opinar sobre posibles procesos contra actores políticos del pasado.

El artículo 35 de la Constitución señala que el INE es la única instancia facultada para promover consultas populares. Sin embargo, desde Morena muchas voces acusan al instituto de querer "boicotear" el ejercicio de este 1 de agosto.

El propio presidente López Obrador dijo este sábado que "los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada" , en alusión al INE. En el otro extremo, políticos de oposición y algunos analistas descalifican el ejercicio que se realizará, pues argumentan que la justicia no se consulta, mientras que los morenistas quieren una amplia participación para que los resultados obtenidos sean vinculantes.

"El resultado de la consulta popular es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan", establece la ley en la materia.

Al último corte, la lista nominal está integrada por 93 millones 597,559 ciudadanos, por lo que el 40% a equivale 37 millones 439,023. Este dato representa 75% de la participación de las elecciones del pasado 6 de junio, en las que votaron 49 millones 266,964 personas.

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El INE reporta participación de 7 millones de los 93 millones inscritos Por el Sí habían votado entre el 89.3 y el 96.2% de las personas que participaron y por el No entre 1.38 y el 1.58%.

López Obrador tiene experiencia en la realización de consultas, pero ninguna de las que ha impulsado desde que era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005) ha alcanzado el umbral de 2 millones de votos.

Para detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), construir el segundo piso del Periférico, aumentar el precio del boleto del Metro o iniciar la construcción del Tren Maya, le bastaron entre 47,835 y 1 millón 67,859 sufragios.

"No creo que se alcance el 40% de participación, me parece muy, muy difícil. Lo que vamos a ver es lo que vimos con el aeropuerto de Texcoco y con los segundos pisos, y es que la gente que va a ir a votar es quien sigue a Morena y al presidente y, en ese sentido, la mayoría votará por el 'Sí'", pronostica Marcela Ávila Eggleton, profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

La trayectoria de la consulta

Aun como presidente electo, López Obrador planteó la posibilidad de llevar a juicio a los últimos expresidentes. ¿Las razones? Según expuso: haber cometido fraude electoral, haber exacerbado la violencia y haber aprobado la conversión de deudas privadas a públicas con el "rescate bancario" de 1998, vía el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

López Obrador quiso que la consulta se realizara el mismo día de la elección de 2021, pero la oposición no aceptó, pues la Constitución establece que las consultas deben ser el primer domingo de agosto.

En septiembre de 2020, el presidente envió al Senado su solicitud de consulta para que se le preguntara a los mexicanos si los expresidentes de México de 1988 a 2018 debían ser sometidos a investigación y a juicio por posibles delitos.

Para ello, formuló esta pregunta: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".

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La posibilidad de llevar al banquillo de los acusados a los expresidentes resultó atractiva para los mexicanos, según lo demostraron algunas encuestas, en las que nueve de cada 10 mexicanos estaban a favor de que se les juzgue.

En contraparte, constitucionalistas señalaron a Expansión Política que esa consulta ciudadana sería inviable debido a que la justicia no se consulta, a que los derechos humanos no son materia para un ejercicio participativo y a una posible impartición de justicia diferenciada.

Pese a ello, la solicitud llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde, con seis votos a favor y cinco en contra, el pleno avaló la constitucionalidad de la consulta, pero modificó la pregunta original. La versión definitiva es la que quedó impresa en los 93 millones de boletas.

Lorena Vázquez Correa, maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en temas de representación política, destaca que la modificación de la pregunta ha generado ambigüedad.

"Es una pregunta bastante general que quiere acotarse con enjuiciar a expresidentes, pero en estricto sentido la pregunta no habla de expresidentes; entonces, esta ambigüedad puede generar incertidumbre y ello no favorece a la democracia", advierte.

Además, según algunos analistas, si se alcanzan los 37 millones de votos que harían vinculantes los resultados, se corre el riesgo de que se busque fabricar culpables.

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"¿Qué va a pasar si el resultado es por el 'Sí', pero no hay indicios para investigar? Entonces, ¿tendrían que fabricarse los indicios para darle voz a lo que la ciudadanía pidió en las urnas?", cuestiona Ávila Eggleton.

Ahora, si los ciudadanos dicen "No", se podría caer en omisión, según lo advierten Adriana Greaves y Estefanía Medina, abogadas y fundadoras de la organización civil Tojil, en una columna para Expansión Política.

"Si el resultado, por un lado, es 'favorable', nos dejaría en el mismo supuesto en el que estamos ahora, y si el resultado fuera 'negativo', transgrediría los derechos de verdad, justicia y reparación y en consecuencia la propia consulta sería constitucionalmente inviable", señalan.

De su lado, la consejera Carla Humphrey, una de las 11 integrantes del INE, destaca la realización formal de esta primera consulta popular.

"Se trata del primer ejercicio de la historia de México, normado por disposiciones jurídicas del más alto nivel, y en el que potencialmente podrán participar más de 93 millones de mexicanos inscritos en el listado nominal de electores, y que podrán manifestar su opinión en las 57,092 mesas receptoras que instalará el INE a lo largo y ancho del país", resalta.

Este mismo domingo, alrededor de las 22:00 horas, el INE prevé dar a conocer los resultados del conteo rápido de la consulta, que brindarán una estimación tanto de la participación ciudadana como del sentido de lo expresado.