Consulta a debate: ministros avalaron y dieron manga ancha al presidente

¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?, fue la pregunta que avaló la Suprema Corte para plantearse a los ciudadanos el próximo año.

Expertos consultados por Expansión Política coincidieron en que la pregunta que proponía el presidente López Obrador era inconstitucional y criticaron que durante la discusión de alrededor de tres horas los ministros se concentraran en defender el derecho de los ciudadanos a participar en temas de trascendencia nacional, cuando lo relevante era si se violaban o no los derechos humanos de los expresidentes de la República.

“En este tipo de asuntos es cuando la Corte tiene que demostrar que su papel es poner límites al poder. Es evidente que la consulta es inconstitucional porque diversas razones; sin embargo, seis ministros terminaron cediendo a las presiones del presidente de la República”, consideró Javier Martín Reyes, profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

El académico resalta que tres horas antes de que en el pleno de la SCJN se discutiera el proyecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó la presión a los ministros.

“Sería lamentable que ahora resolvieran lo mismo con la excusa de que se violan derechos humanos, de que se violan garantías. ¿A quién se le violan derechos humanos, garantías?, si la pregunta es muy clara, es de que se lleven a cabo procesos apegados a la ley, que no haya violación de derechos humanos”, apuntó.

También resalta que en casi tres horas de discusión, los ministros abordaron otros conceptos fuera de lo que se les había solicitado.

Y es que apesar de que la tarea de la Corte consistía en determinar si ¿la materia de la consulta es constitucional?, y si ¿la pregunta propuesta está planteada en un lenguaje neutro, sencillo, comprensible y está formulada en forma que se pueda contestar con un “sí” o un “no” cuidando que no sea tendenciosa ni emita juicios de valor?, muchos de los argumentos de los ministros apuntaron en el sentido de defender el derecho de los ciudadanos a ejercer la democracia participativa .

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Esto útimo también lo destaca el especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Bernardino Esparza, quien expone que los ministros perdieron el objetivo de la discusión y en lugar de centrarse en la constitucionalidad de la materia, abordaron si se debía o no limitar el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos de trascendencia nacional.

“El argumento fundamental era si realmente se violaban o restringían derechos, pero los ministros centraron la discusión en el derecho de los ciudadanos a participar”, comentó.

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Para los expertos en leyes consultados, la nueva pregunta respaldada por la mayoría de los ministros genera ambigüedad, porque se eliminó el nombre de los cinco expresidentes de la República y en su lugar se preguta si se está de acuerdo con esclarecer “las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.

El profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa, afirma que esto abrirá la puerta para que en el futuro se pueda apelar a esa consulta para demandar la validez de investigar a cualquier político por las decisiones que haya tomado.

“Tiene un problema de generalidad y ambigüedad, se pierde el sentido original de la pregunta planteada en la consulta ciudadana”, explicó.

Trasfondo político

Desde que el presidente López Obrador anunció su intención de presentar una solicitud de consulta para juzgar a los expresidentes por los delitos que cometieron –que seún sus exposiciones van desde aprobar el Fobaproa, encabezar un narcoestado yo una red decorrupción–, los analistas han advertido que la intencionalidad era meramente política y hasta electoral.

Al respecto, Javier Martín Reyes asegura que la pregunta le da la oportunidad al presidente de meterse al proceso electoral de 2021.

“El efecto político es darle la victoria a López Obrador. El presidente sabe que no podemos enjuiciar a Carlos Salinas por delitos electorales, lo que el presidente quiere es estar en la boleta (aunque sea de manera indirecta) y hacer que las elecciones del próximo año no se traten de los problemas de país, ni de los candidatos, lo que quiere es que todo se trate de enjuiciar a los presidentes”, agregó.

Consideró que con esta decisión se envía la señal de que cuando el presidente insista en una política, ley, reforma o acciones sin importar que sea inconstitucional, la SCJN no estará dispuesta a ponerle límites al presidente de la República.

Con él coincidió Burgoa, quien consideró que el presidente sale “ganador” en el sentido de que cumple con otra de sus promesas de campaña; sin embargo, advirtió que la consulta puede generar falsas esperanzas entre los ciudadanos al creer que, con su participación, se logrará que, si un expresidente de la República cometió un delito, llegará a prisión.

“Los ciudadanos deben tener claro qué esperar el primer domingo de agosto, es decir que no se generen falsas expectativas en el sentido que al haber consulta, se va a ver tras las rejas a expresidentes de la República porque se tiene que investigar cuáles son esos actores políticos y decisiones políticas para saber si se puede iniciar un proceso penal contra ellos”, aclara.

La consulta ciudadana aún enfrentará diversos retos para llegar a las boletas el próximo año, entre éstos lograr que la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprueben la petición del presidente López Obrador.

Otro más será definir su fecha de realización, pues si bien la última modificación a la Ley de Consulta Popular señala que deberá realizarse el primer domingo de agosto, Morena o el mismo presidente impulsarán que se efectúe en junio, ello para asegurar que cuente con el 40% de participación ciudadana inscrita en la lista nominal para que sus resultados sean vinculantes a las autoridades.

Otro asunto que deberá enfrentar la consulta ciudadana son los recursos económicos, pues al no realizarse el día de las elecciones del 6 de junio, su organización y costo serán aparte.

Para el analista político, José Antonio Crespo, este ejercicio podría tener un costo de hasta 8,000 millones de pesos.

Un asunto que deberá solucionar el INE, pues en el proyecto de presupuesto para 2021 no se contempló una partida especial para este fin.