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#ColumnaInvitada | Fiscalización y ciudadanía

La fiscalización tiene un efecto inhibidor de la corrupción que se suma a otras virtudes y permite reivindicar la relación del gobierno con la ciudadanía.
dom 11 julio 2021 07:00 AM
Fiscalización
El SAT implementó estrategias de recaudación que resultaron en más recaudación de impuestos.

Entre todas las formas de mejorar la administración pública, vale la pena aproximarse a su proceso de control externo, o fiscalización superior. En una primera instancia, la fiscalización implica la revisión del ejercicio de los recursos públicos. Es decir, si el erario erogado se invirtió adecuadamente, en el marco de la normatividad aplicable. Sin embargo, esta actividad tiene distintos niveles de impacto.

La fiscalización contribuye a eficientar el uso de los recursos públicos y favorece la evaluación del desempeño de programas y políticas públicas. Los resultados se traducen en redirigir recursos a programas y políticas que lo requieran, así como retíralos de proyectos que no funcionan o tuvieron problemas de operación y así, recuperarlos para su reinversión. Esto ayuda a que el cuerpo legislativo cuente con información puntual sobre el uso de los recursos públicos, el impacto de las políticas públicas y así, pueda involucrarse de manera informada en la aprobación del presupuesto del siguiente año.

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En México, esto no es un ejercicio nuevo. Desde 1524 se estableció el Tribunal de Cuentas de la Nueva España y en la Constitución de 1824 se estableció la primera Contaduría Mayor de Hacienda que ya dependía de la Cámara de Diputados. El mandato constitucional establece que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde el año 2000, es la institución sobre la que recae la responsabilidad de fiscalizar el uso de los recursos federales ejercidos tanto en los tres Poderes, como en los tres órdenes de Gobierno y en los órganos autónomos.

Tras las últimas reformas en el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se han ampliado las facultades de la Auditoría, con lo que ya se puede investigar posibles daños al erario mientras ocurren o de años anteriores a los de la Cuenta Pública que se revisa. Cabe señalar que, adicionalmente, cada estado de la República cuenta con su propio Órgano de Fiscalización Superior enfocado a los recursos públicos locales. Por otra parte, como bien señala la normatividad internacional en materia de fiscalización superior, el control externo debe ejercerse con completa autonomía sobre los entes fiscalizados, con el fin de generar resultados imparciales y alejados de cualquier influencia o coyuntura política.

Además, en una segunda instancia, la fiscalización coadyuva a la optimización de la operación de las instituciones y los programas, ya que, de seguirse las recomendaciones que la ASF hace a los entes fiscalizados, se mejorarían los procesos internos de las instituciones, se analizan cualitativa y cuantitativamente las políticas públicas, con lo que se establecen las mejores prácticas.

Asimismo, con los resultados de la revisión de la cuenta pública, permite que la población, por un lado, conozca la efectividad e impacto de las instituciones en la realidad social y, por otro, actúa como medio para exigir la rendición de cuentas de las autoridades que las dirigen. Con ello empodera a la sociedad y le da recursos para demandar cambios tanto en la gestión como en la estructura de dichas instituciones.

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También hay que resaltar que, como diversos estudios han demostrado, incluido el de Ben Olken, un tercio de la corrupción susceptible a ocurrir en un proyecto o programa se inhibe solo con mencionar que habrá un proceso de auditoría. Este efecto inhibidor de la corrupción se suma a las otras virtudes y permite reivindicar la relación del gobierno con la ciudadanía y que incrementa beneficios sociales tanto de las políticas públicas, como del mismo gobierno.

Por ello resulta importante resaltar que existen varios mecanismos para que la ciudadanía se acerque al proceso de fiscalización. El más relevante, quizá, es el de acercamiento con la diputada o el diputado electo para su distrito. Ella o él, en su calidad de representante del pueblo o de la ciudadanía, tiene la facultad de denunciar actos de corrupción y buscar que la ASF disponga las gestiones correspondientes para auditar los hechos denunciados.

De igual manera, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), en su Título Cuarto, prevé además otro mecanismo de participación ciudadana mediante el que, tras presentar evidencia sobre algún delito que impacte en el erario, y con el debido estudio de la misma, la institución puede realizar la auditoría correspondiente al caso denunciado por iniciativa de cualquier persona o personas.

Fiscalizar es una tarea técnica que conlleva en si misma la rendición de cuentas de las autoridades que ejecutan programas y políticas públicas. Si bien es necesario reforzar el proceso de acercamiento con la ciudadanía y retomar las mejores prácticas al respecto: es un tema técnico en el que las herramientas están dadas y consideradas en la ley.

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Sin duda, otra gran aportación deriva de los datos duros que la ASF publica en sus informes, pues abonan al trabajo de periodistas, personas dedicadas a la investigación y de la ciudadanía en general. Estas son algunas de las formas en que la ciudadanía se beneficia del proceso de fiscalización superior y puede involucrarse en él. Ello, en general, contribuye a que la participación en la vigilancia de los recursos públicos sea un elemento fundamental de la lucha contra la corrupción.

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Nota del editor: la autora es titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Instituciones de la ASF.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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