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La Auditoría detecta deficiencias en Instituto Nacional de Nutrición

La revisión concluyó que se obvió la planeación y elaboración de diagnósticos, lo que impidió el mejor uso de recursos financieros y humanos.
jue 01 julio 2021 06:00 AM
Instituto Nacional de Nutrición.jpeg
La ASF detectó fallas en la operación cotidiana del INCMNSZ por la atención a pacientes con COVID-19.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que en 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) careció de diagnósticos y planeación, por lo que su operación estuvo en riesgo de ser sólo inercial, sin generar conocimiento e información de su especialidad.

La ASF realizó una auditoría de desempeño a esa institución y concluyó que si bien contribuyó a garantizar el derecho a la protección de la salud de la población, mediante la atención prioritaria de la pandemia y reorganizó su operación para atender a los pacientes, careció de metodologías, lo que afectó su desempeño.

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“Se observaron deficiencias en el establecimiento de mecanismos de registro y control, inconsistencias entre las diferentes fuentes de información proporcionadas por el instituto y falta de evidencia para sustentar y documentar la trazabilidad de sus procesos, y los resultados en sus actividades sustantivas referentes a la investigación en salud; la formación y capacitación de recursos humanos para la salud, y la prestación de servicios médicos de alta especialidad”, se concluyó.

Aunque la ASF modificó y pospuso la entrega de sus auditorías por la contingencia sanitaria, evaluó que la Institución médica “careció de diagnósticos y metodologías para guiar su operación en 2020, lo que podría significar un riesgo de operar de manera inercial y de no generar la información que posibilite valorar su desempeño de manera integral”.

En su revisión, halló que el INCMNSZ aplicó 147,661 pruebas para la detección del virus de COVID, atendió en urgencias a 3,680 pacientes con infecciones respiratorias graves y a 2,095 pacientes graves con ese virus pero sin soporte ventilatorio, además de 600 personas que requirieron cuidados intensivos.

También prestó sus servicios habituales con 108,307 servicios de consulta externa a 36,668 personas. De ellas 1,594 fueron preconsultas y 842 servicios de consulta de primera vez, pero “el instituto no documentó los padecimientos que fueron atendidos con los servicios de consulta externa, ni acreditó que los servicios otorgados se realizaron únicamente a las personas con las patologías relacionadas con las ciencias médicas y la nutrición”.

La falta de información sobre población potencial, la solicitante y la atendida de 2020 limitó valorar la cobertura alcanzada, respecto de la demanda de sus servicios y los efectos de su participación en la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19.

 

Deficiente operación

En 2020 el INCMNSZ ejerció 2,045 millones de pesos en total y de ellos 155 millones 237,000 pesos se dedicaron al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con el virus SARS-CoV2, la adquisición de productos químicos básicos, medicinas y materiales y suministros médicos.

Además desarrolló 39 cursos de alta especialidad pero “no acreditó la elaboración de un diagnóstico de las principales enfermedades que padecen las personas que atiende” por lo que no se pudo evaluar la congruencia con sus tareas

Tampoco realizó un diagnóstico de necesidades del personal médico, enfermeras, y personal técnico por lo que contó con 3,040 plazas y para atender la emergencia sanitaria dispuso de 25 analistas para pruebas pero no contó con indicadores o metas para evaluar su suficiencia y, con ello, estimar el número de profesionales de la salud necesarios para garantizar la atención de la demanda de los servicios que presta.

 

Pandemia afectó auditorías

La emergencia sanitaria por el virus de COVID-19 retrasó las tareas de revisión del gasto ejercido en 2020, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) postergó la presentación de la mayor parte de sus informes correspondientes a su programa anual de auditorías.

La fiscalización se vio afectada porque algunos gobiernos locales no laboraron parte del año; además, hubo controles a la presencia y a los horarios laborales de servidores públicos, se presentaron restricciones en los desplazamientos de los auditores y se redujo el ritmo de ejercicio de los recursos presupuestados, razones por las que la integración oportuna de expedientes se vio limitada.

La Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establecen que los informes sobre el Programa Anual de Auditorías de la ASF y sus avances se presentan en tres entregas: febrero, junio y octubre.

Este miércoles el titular de la Auditoría, David Colmenares, hizo a la Cámara de Diputados la Primera Entrega de 125 Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, año dominado por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo al apartado sobre la estrategia que se consideró para la fiscalización del gasto federalizado, con el fin de mejorar su calidad, debido a las condiciones especiales por la contingencia sanitaria, además de las limitaciones de tiempo, del total de mil 523 auditorías proyectadas, se informará sobre 533 en la segunda entrega, en octubre.

Entre otros serán auditados y reportados en esa fecha los hallazgos en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y la distribución de las participaciones federales en municipios, y la distribución de las participaciones federales, entre otros.

En la tercera entrega, en febrero de 2022 se tiene programado informar el resultado de 506 auditorías, entre otros todos los fondos del sector salud, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) por lo que se conocerá cómo fue el ejercicio de recurso durante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2.

Será entonces cuando se conozca si fue adecuada la priorización de los recursos que hizo el gobierno federal para la atención a la emergencia sanitaria.

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