A la semana siguiente, una vez más las sirenas, los rechinidos de las llantas, la alerta de violencia en redes sociales. Una vez más, todos a esconderse, a esperar que el olor de pólvora se apoderara de la frontera.
El enfrentamiento ocurrió la tarde de ese lunes 28 de junio, entre presuntos pistoleros y agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretará de Seguridad Pública. La persecución inició en la zona de Jarachina Sur y continúo por la carretera Matamoros-Monterrey, cuando hombres armados a bordo de un vehículo intentaban escapar abriendo fuego contra las autoridades.
La persecución finalizó unas calles más adelante cuando los presuntos delincuentes perdieron el control de la unidad y se impactaron contra un poste del alumbrado público. Cuatro pistoleros fueron detenidos, pero no se detalló más por parte de las autoridades.
Las escenas narradas no son propiedad única del estado tamaulipeco. La furia de los cárteles de la droga se hace presente por todo el país, una situación que está fuera de control para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien suele omitir el tema en las ruedas de prensa mañaneras y prefiere enfrascarse en una pelea estéril contra los medios de comunicación.
Y aunque el presidente ha intentado tapar el dedo con un solo dedo, la presión de la prensa internacional por el caso de las estultas palabras del aún subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, refiriéndose a los padres de niños con cáncer como “golpistas” hicieron un daño terrible a la imagen de la llamada 4T.
Ante este escenario, el gobierno federal atestó una de sus estrategias más comunes; justo cuando el barco se va hundiendo: una nueva superdetención. La presa tiene el nombre de Luis Cárdenas Palomino. No es un personaje cualquiera se trata de un “pez gordo”; una detención que manda una fuerte señal que se traduce incluso en amenaza, contra el mayor adversario de AMLO en su historia política: Felipe Calderón Hinojosa.
