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#ColumnaInvitada | El combate a la corrupción: una tarea de todas y todos

La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes a atender por las instituciones gubernamentales, pero también por la sociedad civil, particularmente a través de la denuncia.
mar 29 junio 2021 06:20 AM
La corrupción en las empresas mexicanas
La corrupción está asociada con el flujo ilegal de dinero en efectivo.

Recientemente, nos hemos enterado de que México cayó tres lugares, por tercera vez consecutiva, en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción. Gracias a un estudio elaborado por The Américas Society y el Council of Américas, a través de una mecánica de estudio que no mide las percepciones o el daño económico causado por la corrupción, sino que evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir sus fenómenos de corrupción, podemos apreciar el agravamiento de este fenómeno.

De hecho, México es el lugar 11 de 15 países en Latinoamérica, con una calificación de 4.25 sobre 10, lo cual nos coloca sólo por debajo de países como Paraguay, con 4.08; Guatemala, con 3.84; Bolivia, con 2.43 y Venezuela, con 1.40; panorama por demás preocupante, pues además dichas cifras se han incrementado en la región durante la etapa de la pandemia, en buena medida debido al gasto público destinado a combatirla.

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La corrupción, como sabemos, es un fenómeno global, pero por lo mismo ha sido señalado como una verdadera amenaza para el ejercicio de las democracias y los derechos comúnmente vinculados a ellas, no sólo porque entorpece el buen funcionamiento de las instituciones y rompe los lazos de la legalidad en sus acciones, sino porque también merma la confianza de los ciudadanos respecto del Estado de Derecho en su conjunto.

Por supuesto, la corrupción no es un fenómeno meramente económico, a pesar de que, en países como el nuestro, implica pérdidas por el equivalente a entre un 5% y 9% del PIB, cifra muy por encima de la media de países, por ejemplo, de la OCDE.

La corrupción, por tanto, se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes a atender por las instituciones gubernamentales, pero también por la sociedad civil, particularmente a través de la condena social y la denuncia. Ello equivale a entender la magnitud de un problema que nos afecta a todos por igual, destruyendo en tejido social y menoscabando el desempeño de las instituciones.

La corrupción también genera inequidad, pues los procesos que tienen un fundamento democrático y que deben ser iguales para todos los ciudadanos, se distribuyen o se limita su acceso de manera discrecional, incluidos beneficios que pueden mejorar sustancialmente la vida de las personas, sin que los derechos que los amparan se vuelvan nugatorios.

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Por lo mismo, promover el desarrollo y ejercicio efectivo de los derechos humanos es una parte fundamental del combate a la corrupción, pues ello contribuye a reforzar los lazos de cooperación entre los miembros de la sociedad, promueve el estado de bienestar, ayuda a reducir las brechas sociales y fortalece los mecanismos de participación ciudadana de cara a las instituciones, tanto públicas como privadas o del ámbito de la cooperación nacional e internacional.

Hay valores que son fundamentales para que una sociedad trascienda la corrupción; y, particularmente, la integridad del funcionariado público es un pilar primordial del combate a este problema, pues estos tienen la tarea de garantizar los derechos humanos no sólo bajo la integridad, sino también la ética, y la responsabilidad de su función.

Por su parte, la sociedad civil debe tener mecanismos efectivos de rendición de cuentas a su disposición, así como la seguridad jurídica necesaria para evitar que se caiga en la impunidad frente a la denuncia de actos de corrupción. Y aun cuando sabemos que una de las manifestaciones de la corrupción es el funcionamiento incorrecto, selectivo y discrecional de aparato punitivo del Estado, la ciudadanía debe contar con la información necesaria para ejercer su derecho a un correcto uso de los recursos con los que contribuye al erario público, mediante la construcción de nuevos paradigmas que permitan consolidar una sociedad más justa, más honesta, íntegra y transparente.

Juntos, sociedad e instituciones, debemos trabajar de la mano y construir mejores formas de atajar el problema de la corrupción. Ése es el reto.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

La autora es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

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