Por lo mismo, promover el desarrollo y ejercicio efectivo de los derechos humanos es una parte fundamental del combate a la corrupción, pues ello contribuye a reforzar los lazos de cooperación entre los miembros de la sociedad, promueve el estado de bienestar, ayuda a reducir las brechas sociales y fortalece los mecanismos de participación ciudadana de cara a las instituciones, tanto públicas como privadas o del ámbito de la cooperación nacional e internacional.
Hay valores que son fundamentales para que una sociedad trascienda la corrupción; y, particularmente, la integridad del funcionariado público es un pilar primordial del combate a este problema, pues estos tienen la tarea de garantizar los derechos humanos no sólo bajo la integridad, sino también la ética, y la responsabilidad de su función.
Por su parte, la sociedad civil debe tener mecanismos efectivos de rendición de cuentas a su disposición, así como la seguridad jurídica necesaria para evitar que se caiga en la impunidad frente a la denuncia de actos de corrupción. Y aun cuando sabemos que una de las manifestaciones de la corrupción es el funcionamiento incorrecto, selectivo y discrecional de aparato punitivo del Estado, la ciudadanía debe contar con la información necesaria para ejercer su derecho a un correcto uso de los recursos con los que contribuye al erario público, mediante la construcción de nuevos paradigmas que permitan consolidar una sociedad más justa, más honesta, íntegra y transparente.
Juntos, sociedad e instituciones, debemos trabajar de la mano y construir mejores formas de atajar el problema de la corrupción. Ése es el reto.
___________________
Nota del editor:
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
La autora es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
