Los tiempos del ministro presidente

El transitorio contradice flagrantemente lo dispuesto en el artículo 97 constitucional por dos razones. Primera, porque el nombramiento del ministro presidente corresponde a los miembros del pleno de la SCJN, no del Congreso de la Unión. Y segunda, porque dicho nombramiento es por cuatro años, tras los cuales “no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”. En suma, el mandato es improrrogable y quienes le ampliaron el mandato no tienen facultades para hacerlo.

Lejos de zanjar la polémica de inmediato, rechazando una violación a la Constitución de la que resulta beneficiario, el propio ministro presidente insistió una y otra vez en que no fue consultado, vaya, en que ni siquiera estuvo enterado de antemano. A pesar de esa grosera falta de consideración (y por inverosímil que sea), Zaldívar prefirió no manifestarse al respecto “por respeto a los tiempos y cauces institucionales” y para “dar lugar a la culminación del proceso legislativo”. Ahora que ya apareció en el DOF, anuncia que activará un procedimiento excepcional, que no está bien reglamentado y sobre el que pesan múltiples dudas (véanse, por ejemplo, las pertinentes preguntas que formulan Javier Martín Reyes y Tito Garza Onofre en este artículo: https://bit.ly/3cAe4MD ), para atender el asunto.

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En contraste, el mismo Zaldívar no se cansa de rezagar multitud de litigios que se han acumulado a lo largo de dos años y medio de este gobierno (véase el libro de María Amparo Casar y Saúl López Noriega, Los pendientes de la Suprema Corte: https://amzn.to/3vjYn2N ). En agosto pasado, hace casi un año, ya eran al menos miles de amparos, siete acciones de inconstitucionalidad y treinta y tres controversias constitucionales contra todo tipo de reformas, leyes, acuerdos o decretos de la autodenominada “cuarta transformación”.

Y entre las que se cuentan –por mencionar apenas unas cuantas– el aeropuerto de Santa Lucía, la Ley de Remuneraciones del Sector Público, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley General de Educación, los Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, el incumplimiento de contratos por parte de CFE y PEMEX, en fin, la lista es enciclopédica. Prácticamente en todas las materias imaginables hay pendientes judiciales que el ministro presidente ha optado por dejar esperando…

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¿Hasta cuándo? ¿Con qué justificación? ¿Mediante qué argucias? ¿Acaso no hay plazos vencidos ya? ¿Cómo comparan los tiempos promedio de resolución de amparos, acciones y controversias en presidencias anteriores versus la actual presidencia de Zaldívar en la SCJN? ¿Quién gana con tan deliberada estrategia de dilación? ¿Y quién está pagando los costos mientras tanto? Los otros diez ministros, ¿están conformes con esta política de no decidir ni resolver? ¿Acaso no sigue siendo cierto aquello de que de que justicia que no es pronta y expedita no es justicia? Zaldívar suele argumentar que “los jueces hablan por sus sentencias”; de ser así, habría que preguntarle qué significan los silencios de una Corte que está optando por no juzgar.

Porque su manejo de los tiempos también “habla”. Entre tanto apuro para resolver lo suyo y tanta demora para atender lo demás, el ministro presidente tal vez está tratando de encontrar espacios y salvar las formas para no entrar en conflicto con el presidente y su coalición (como hizo con el bochornoso tema de la consulta sobre el juicio a expresidentes). Al hacerlo, sin embargo, está contribuyendo precisamente a menoscabar lo que se supone que busca defender: la independencia y la legitimidad del Poder Judicial. Hay un punto en el que seguir maniobrando de esta manera no es una prueba de sacrificada responsabilidad sino un testimonio de irresponsable claudicación.

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Nota del editor:

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