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¿Para qué queremos las instituciones?

Lo preocupante hoy en día es que en lugar de realizar acciones para asegurar que las instituciones funcionen y sean rentables, ahora se destruyen para que no puedan controvertir al presidente.
mié 04 noviembre 2020 06:00 AM

Parecería una pregunta obvia o absurda de origen. Las instituciones son relevantes por definición y deberían ser la columna vertebral de cualquier sistema democrático. Y, sin embargo, la pregunta es más que prudente y necesaria en los tiempos actuales. Estamos pasando una verdadera crisis en nuestra joven e imperfecta democracia, precisamente porque desde hace algún tiempo las instituciones no están dando todos los resultados deseados, y además se pretenden destruir en un arrebato de autoritarismo y demagogia.

En ese sentido, lo más preocupante es que en lugar de entrar a realizar las acciones para asegurar que las instituciones sí funcionen y sean rentables para la sociedad, ahora se realiza un esfuerzo exactamente inverso, se destruyen para que no puedan controvertir a quien hoy se siente con el poder para dirigir el país justamente al margen y sin importar lo que las instituciones determinen. Hablemos de lo que nos referimos.

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En materia sanitaria: al hablar de la salud de la población no se pueden correr riesgos y estar improvisando soluciones. Si, además, agregas que estás en medio de la pandemia más importante desde hace 100 años, lo que sería necesario es que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud realizaran sus funciones con estricto apego a los cánones técnicos y científicos, marginando discursos políticos y demagógicos que en nada aportan a la solución de los problemas. Menos si tienes merolicos politizados sin sentido común que derrumban lo técnico e incluso desoyen las recomendaciones de seis exsecretarios de Salud por rechazo ideológico.

En materia electoral: porque en un país en que apenas se descubrió el que una transición y alternancia era posible sin violencia en 2000, es crítico que el INE como árbitro de la contienda y el TEPJF como órgano de definición de cualquier impugnación gocen de absoluta autonomía, en particular de las indebidas influencias de los actores en los procesos electorales. El siquiera suponer que personas distintas a las instituciones ejerzan presión o tutela para influir en las decisiones o resoluciones respectivas genera un demérito y posible descrédito en su actuar, minando así las aspiraciones de tener una plena democracia.

En materia legislativa: se entiende que los partidos políticos tengan agendas propias, incluso muchas que se pueden haber manifestado en las campañas políticas a partir de las cuales hayan lanzado candidatos y logrado triunfos comiciales, pero lo que no se puede aceptar es que desnaturalicen el funcionamiento de los senadores y diputados como representantes de sus estados y electores, respectivamente. Cuando los legisladores lesionan su mandato en aras de obedecer instrucciones ciegas y sordas del titular del Ejecutivo están abdicando su responsabilidad originaria y destruyendo el funcionamiento institucional de sus respectivas Cámaras. Esto es claro cuando no hay razonamientos o determinaciones claras de porqué adoptan decisiones contrarias al mejor interés del país frente a datos duros y razonamientos puntuales.

En materia judicial: uno de los ingredientes más importantes, quizá el más, de una nación con plena vida institucional es el que los tribunales (y en particular el de mayor jerarquía) pueda ser el fiel de la balanza. Se debe constituir como el lugar en que cualquier ciudadano pueda acudir a solicitar la impartición de justicia y lograrla, aún y particularmente en los casos en que se esté enfrentando a actos o determinaciones arbitrarias de cualquier autoridad (o en su caso de particulares poderosos también). La fortaleza de esta instancia es la que es el gran dique contra quien se quiere erigir en un autoritario que no conoce o reconoce los límites legales de su actuar, y por lo mismo la esfera infranqueable de derechos de los particulares.

En la especie hay distintos eventos recientes en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ponen en entredicho su independencia, autonomía y solvencia técnica, concretamente, entre otras, la opaca renuncia del Ministro Medina Mora, la inverosímil resolución en materia de consulta popular del 1 de octubre, y la injustificable demora en resolver 29 expedientes de controversias y acciones de inconstitucionalidad contra actos claves del actual gobierno federal.

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En materia de seguridad pública: si en un país no existe la tranquilidad de que salir a la calle, ir por una carretera, utilizar el transporte público, o incluso estar en casa no puede ser un evento en que no haya grandes posibilidades de ser atacado, entonces no se puede estar en paz ni prosperar. Si a eso se agrega que los eventos delictivos no se investigan y menos se castigan, entonces la combinación es terrible porque nada puede realizarse sin temor de ser una víctima. Y, en México, en lugar de apostar por fortalecer las instituciones básicas de seguridad pública y de procuración de justicia e nivel municipal y estatal, se ha optado por una alternativa absurda de militarizar todo como si por una cuestión de intimidación y rigor implacable se podrán lograr resultados. Hoy sabemos claramente que no es así, y sin embargo el necesario paso de institucionalización a los tres niveles de gobierno simplemente se olvida y margina. No solamente eso, sino que ahora en un arrebato de insensatez, incluso, se puesta a poner a las fuerzas armadas a cargo de un sinfín de tareas como construcción y operación de aeropuertos, distribución de medicinas, manejo de aduanas y puertos, despliegue de sucursales bancarias, y ya incluso algunas funciones de administración de justicia en manejo de reclusorios y determinación de peligrosidad de imputados penalmente.

En materia económica: en un mundo globalizado, competitivo y entrelazado lograrán mejores resultados los países que entiendan que las instituciones gubernamentales deben pavimentar el camino para que los empresarios, inversionistas y particulares en general decidan voluntariamente arriesgar su patrimonio y decidan ir por oportunidades de desarrollo de proyectos que, además de su rentabilidad, puedan dar empleo, oportunidades y generación de impuestos y contribuciones en general. Pero si en lugar de así hacerlo se rompe la lógica y el común denominador es el capricho, la improvisación, la debilidad normativa, y una enorme incertidumbre (encuestas patito y cancelaciones arbitrarias dixit), el resultado es que la economía se derrumba, los empleos desaparecen y, en general, la posibilidad real de una mejora en la calidad de vida desaparece casi en forma automática e irreversible generacionalmente. Y no hay forma de abatir la pobreza sin una economía sana, vibrante y multiplicadora. El discurso vano y superficial no sirve de nada salvo para engrosar las filas de la pobreza.

En materia educativa: el punto de quiebre para que una nación se pueda jactar de que la movilidad social sea una realidad y no una mera simulación es que exista un sistema educativo en el que prevalezca un rigor académico y de calidad, dando así como resultado un sistema plural, inclusivo y meritocrático (en que apueste a una mejora real de muchas generaciones con calidad y sofisticación educativa). Si no se opta por esta alternativa, y en su lugar se privilegian intereses partidistas, políticos, gremiales o sectoriales, entonces se condena al atraso y rezago permanente. Una profunda injusticia y carencia de visión.

En materia fiscal: se entiende que el funcionamiento de las tareas del Estado deben ser financiadas en base a contribuciones que paguemos los particulares. Que para ello debe existir un sistema impositivo que sea claro, transparente, oportuno y eficiente. Las reglas deben estar hechas para ampliar la base de contribuyentes, para simplificar el cobro de impuestos, para permitir que se grave el consumo y los ingresos en forma racional, y en general para que la economía pueda florecer puesto que solamente así se podrán generar mejores y predecibles niveles de recaudación. Si en lugar de ello se apuesta a que las reglas se aplican en forma iracunda, se ejerce un terrorismo fiscal, se aumenta la discrecionalidad de la recaudación, e incluso se dice que la iniciativa privada es irrelevante, entonces el mundo fiscal se pone de cabeza, y se compromete todo el funcionar estatal.

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En materia política: en un país plural, diverso, complejo y grande como lo es México, se debe apostar a que los institutos políticos funcionen con gran vigor para que en los mismos se logren catalizar las mejores propuestas electorales y programáticas, dando así cabida y respuesta a todos los reclamos de distintos sectores sociales, económicos, gremiales, étnicos, etc. Es en ese oficio de interacción y plena convivencia democrática que se gestan las mejores alternativas posibles para amalgamar intereses y decisiones. Si en lugar de ello se apuesta permanentemente a la descalificación y al enfrentamiento, entonces lo que pasa es que se fractura el funcionamiento del Estado mismo, minando posibilidad de avanzar a cada vez mejores estaturas de definiciones y resultados para el país.

En materia social: también es importante que a nivel de la sociedad en general se comprenda que la resolución de diferencias, la determinación de mejores decisiones, la búsqueda de intereses legítimos, la procuración de beneficios, y en general la obtención de satisfactores se debe realizar tomando en cuenta que los particulares debemos encauzar todas nuestras demandas a través de las distintas instituciones que se diseñaron y derivan de un sofisticado entramado Constitucional y legal. El respeto al derecho ajeno, la vigencia del Estado de Derecho, y la profunda defensa de libertades son todas partes de un sistema democrático funcional. Si en su lugar se opta desde Palacio Nacional por estigmatizar, impulsar una ola de descalificaciones, enfrentamientos, divisiones y un claro desapego al orden básico de convivencia legal, entonces el resultado bien puede generar un rompimiento social puesto que se derrumban las bases de como coexistir en las diferencias.

Así las cosas hoy en nuestro país. Un panorama bastante desolador porque no se ve luz al final del túnel, si acaso un ferrocarril en sentido contrario. Y la receta es relativamente simple, los mexicanos nos debemos acostumbrar a vivir dentro del marco que la Constitución Política y las leyes que de ella emanan suponen. Ni más ni menos. Y esto pasa por reconocer, fortalecer y dejar que operen todas las instituciones que requieren hacer su trabajo para que como engranes de una gran maquinaria generen un país justo, en orden, con paz, inclusivo, y en general de resultados y progreso.

Cualquier persona que sugiera o suponga que es su voluntad o arrestos lo que puede hacer que el país funcione y que las instituciones y/o las leyes le estorban nos está mintiendo abiertamente y no merece credibilidad alguna. Que no se nos olvide que los países que en el mundo realmente han progresado para beneficio de toda su población (particularmente de los que menos tienen y más olvidados están) han sido los que hicieron a un lado el caudillismo y la demagogia, y le apostaron en forma decidida al funcionamiento institucional. Ahora, la pregunta es si en México finalmente nos atreveremos a ir por esa vía. Hablemos y razonemos la importancia de apostar por dicha opción, particularmente en cuando a la cita que supone la elección del 6 de junio de 2021. Ahí es cuando esta alternativa será real y se pueda corregir el rumbo de auto-destrucción en el que lamentablemente nos han llevado hoy en día. En Sí por México ya hicimos la apuesta institucional y programática. Te esperamos a tí y a todos tus conocidos en www.sipormexico.org

Es por México.

***

P.D. A la hora de escribir este artículo no conozco el resultado de la elección en EUA. Por el bien de ese país y de todo el mundo, espero que haya un resurgimiento de la cordura, el sentido común, y la sensatez, procurando que no pueda renovar su mandato un populista, xenófobo, racista, misógino e impresentable como lo es el Sr. Trump. Independientemente, es hora de vernos al espejo para tampoco permitir semejantes extremos de superficialidad en México. Hay que ya cerrar ese triste capítulo, pero a la vez reconociendo que no se puede tener un sistema capitalista extremo en que la justicia social no se haga cargo de cerrar la brecha económica, social, educativa, de justicia y de infraestructura. Se requiere una democracia sólida, inclusiva y plural. No volvamos a cometer los errores del pasado. Otro México sí es posible.

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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es Miembro Directivo de UNE.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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