Actualmente, 19,620 personas visten los chalecos guinda característicos de este 'ejército', y lo mismo llaman a los posibles beneficiarios de programas sociales y a los adultos mayores para saber si quieren la vacuna anticovid que apoyan en la logística de inmunización. Por su trabajo, estos funcionarios reciben sueldos que van desde los 8,482.40 pesos a los más de 50,000 para los directores regionales.
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Los señalamientos por su posible labor con un sesgo político comenzaron desde que empezaron sus actividades para integrar el padrón de beneficiarios, pues este, a decir de especialistas, no cuenta con una metodología adecuada y es poco transparente.
Rodolfo de la Torre, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), considera que no hubo un trabajo cuidadoso de diagnóstico y, a pesar de ello, sobre eso se basa la política social del gobierno federal actual.
"Toda la política social tiene un fundamento débil desde el momento que parte de un censo del bienestar, definición de la población que se quiere atender, que es muy poco transparente; no terminó siendo un censo y no identifica adecuadamente necesidades de las personas", señala el experto.
(El censo) no revela sus fundamentos, su cobertura, y eso genera sospechas de un uso político de la información".