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Coneval: Programas de AMLO no atienden a totalidad riesgos de la población

El Coneval advirtió que los programas del bienestar se enfocan en transferencias directas, más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrenta la población.
jue 11 febrero 2021 02:24 PM
Adultos mayores
Los programas del bienestar no mitigan ni previenen riesgos de los grupos de población, concluye Coneval.

Los programas sociales del gobierno federal tienen una clara intención de construir un sistema de bienestar universal, pero se han enfocado más en las transferencias directas de apoyos económicos, que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos de las personas más vulnerables.

La anterior, es una de las conclusiones del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), recién presentó y donde señala que los Programas Integrales de Bienestar implementados por el gobierno federal no atienden en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas en sus distintas etapas del ciclo de vida.

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De acuerdo con el documento , los Programas Integrales de Bienestar deben tener una cobertura total de los riesgos que se asocian con una o más de las cuatro etapas del curso de vida de las personas (niñez, adolescencia y juventud, adultez y vejez) por medio de una articulación coherente entre sus objetivos, poblaciones y apoyos entregados, objetivo que no se ha cumplido.

En los resultados se señala que en los programas hay una clara tendencia a dar seguridad en el ingreso de los hogares y las personas a través de instrumentos que transfieren apoyos económicos directos, sin que estos se enfoquen necesariamente en el desarrollo de capacidades para enfrentar estos riesgos.

Resultados por grupos

En el caso de los riesgos asociados a la niñez y los programas enfocados a este grupo, Coneval señaló que “no es posible asegurar que los apoyos económicos de estos programas sean suficientes ni que se utilicen para atender las necesidades específicas”, por lo que no puede determinarse que “mitigan las condiciones de vulnerabilidad” de esta población que los hace acreedores al apoyo.

Respecto a los adolescentes y jóvenes, expresó que –a excepción de riesgo por pérdida del sostén de la familia– todos los riesgos están contemplados en los programas de apoyos económicos, como becas, créditos y apoyos directos, sin embargo, eso no garantiza que la condición de vulnerabilidad que los origina pueda superarse con ellos.

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Pone el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece vinculación temporal por 12 meses con apoyo mensual, pero carece de mecanismos para garantizar que la capacitación de los beneficiarios sea adecuada o suficiente para mejorar sus condiciones de empleabilidad, además que el programa puede competir con otros como Jóvenes Escribiendo el Futuro, por lo que puede ocasionar que un sector "se decante por el programa que ofrece el mayor monto” y derive en la deserción escolar.

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Para la población adulta, “no se identificaron intervenciones dentro de los Programas Integrales de Bienestar que se vinculen con los riesgos asociados con la atención médica”. También encontró que hay poblaciones que quedan fuera de los apoyos ya sea que no cuentan con un micronegocio en operación para acceder a las “Tandas para el bienestar” o no son sujetos agrarios con menor propiedad de tierra requerida para “Sembrando Vida”.

Por su parte, en lo que toca a las personas adultas mayores, el único programa que se identificó que busca mejorar su calidad de vida es el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que se vincula con la atención al riesgo por inactividad laboral, asociado con la seguridad en el ingreso, al proveer de un apoyo económico que se entrega bimestralmente de manera directa, pero no fue posible identificar programas que cubran riesgos por enfermedad o discapacidad para la mejora del acceso a los servicios de atención médica para la población adulta mayor.

“Esto último plantea una situación compleja, dado que el deterioro funcional que pueden presentar las personas adultas mayores se agrava en presencia de enfermedades que, a su vez, se traduce en una mayor demanda de servicios médicos y medicamentos”, cita el documento.

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Padrón único y capacitación

El Coneval planteó algunas recomendaciones generales respecto a los programas integrales:

  • Contar con un sistema de información que integre los padrones de beneficiarios. Esto serviría para identificar los programas que operan en las mismas regiones y su población beneficiaria y así encontrar sinergias. El Coneval señaló la importancia de contar con un Padrón Único de Beneficiarios, entre las que se encuentra información provenga de fuentes confiables; contar con instrumentos únicos para la detección de la población objetivo, ya que en algunos casos había discrepancias en la información; así como la emisión de instrumentos normativos que garanticen la generación, seguimiento y uso de la información.
  • Contar con un documento rector que defina concretamente las actividades, las responsabilidades y el intercambio de información de cada actor, así como los bienes y servicios que se involucran en este esquema de coordinación para la implementación de los programas.
  • Mantener comunicación y retroalimentación constante entre las personas involucradas para fortalecer la coordinación y evitar duplicidad de funciones.
  • Capacitar a las y los Servidores de la Nación, en específico, sobre el funcionamiento de cada intervención. “Se debe garantizar que los Servidores de la Nación conozcan a detalle los Programas Integrales de Bienestar, lo cual no ha ocurrido en todos los casos. Por ejemplo, en los programas Producción para el Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se observó una falta de conocimientos técnicos en aspectos clave para la operación de estas intervenciones por parte de las y los Servidores de la Nación”, dice el documento.
  • Mejorar la Contraloría Social. Es necesario definir el esquema para garantizar el proceso de mejora continua de cada Programa Integral de Bienestar y así facilitar la participación de las y los beneficiarios.
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