Durante el sexenio de Felipe Calderón se destinó una cantidad enorme de recursos públicos a la construcción de vivienda social. La idea era buena, pues había una carencia de al menos 4 millones de viviendas para personas con ingresos bajos. Sin embargo, la falta de regulación adecuada hizo que las constructoras hicieran de las suyas. Utilizaron los recursos públicos para construir viviendas unifamiliares de bajísima calidad, con espacios vivibles de apenas 30 metros cuadrados, alejadas de las ciudades y en ocasiones, sin servicios públicos básicos como agua o drenaje.
El resultado fue el enriquecimiento de las empresas que recibieron los contratos y la construcción de millones de viviendas que eventualmente terminaron siendo abandonadas. Al día de hoy, muchos de estos vecindarios yacen semivacíos, se han convertido en centros de crimen, y peor aún, han llevado a la bancarrota a miles de familias que con mucha ilusión compraron una casa.
Durante el sexenio de Peña Nieto, el reporte de Coneval también hizo lo propio. Entonces, se habló sobre la poca transparencia de la Cruzada contra el Hambre, un programa social que pretendía erradicar la pobreza alimentaria, pero sobre el cual no se tenía reglas claras.
Años más tarde supimos la razón: el dinero de la Cruzada estaba siendo desviado para pagar deudas y compromisos adquiridos por Peña Nieto durante su campaña presidencial, o al menos así lo reveló la mano derecha de Rosario Robles, quien entonces era la encargada de la Cruzada y que actualmente se encuentra en prisión esperando juicio.
