El ejercicio de la fiscalización metódica del gasto público es todo menos sencillo, requiere de una serie de pasos y protocolos de variable complejidad técnica, inscritos a su vez en un entramado jurídico que estipula las fases que comprende el proceso en general y cómo se desahogan cada una de ellas.
Nuestro diseño institucional dispone una Auditoría Superior a nivel federal y sus correlatos estatales, encargados de la revisión del gasto, la presentación de sus observaciones y, en su caso, recomendar las sanciones respectivas si no pudiesen solventarse en tiempo y forma. Este proceso se realiza año con año y no es novedad la notoriedad política que alcanzan sus dictámenes, ni las tomas de postura de lo actores políticos frente a los mismos; estas posturas mutan dependiendo del año y de su posición como oposición o gobierno. Un lector con mediano alcance de memoria puede percibir lo veleidoso de tales juicios.
