El 14 de agosto del 2019 un Gran Jurado en Brooklyn fincó cargos a Cienfuegos por delitos relacionados con su participación en la distribución e importación de cocaína, metanfetamina y marihuana, así como por conspirar para lavar dinero producto del narcotráfico. Se le giró una orden de arresto, la cual no fue del conocimiento del gobierno mexicano sino hasta el 15 de octubre del 2020, fecha en la que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California.
En México, la noticia no fue bien recibida por el gobierno federal ni por los militares, obviamente. No se hicieron esperar las especulaciones, tanto de quienes insistían que esa detención había sido un golpe contundente producto de la presidencia de López Obrador , como de quienes adelantaban que nadie en la administración obradorista tenía idea ni de la investigación, ni de la muy bien planeada detención del general.
Pocas semanas de después de su detención, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) requirió a la juez Carol Amon, que el asunto de Cienfuegos se sobreseyera, es decir, que no se siguiera el juicio porque había surgido una causa de fondo que impedía la continuación del juicio: “existen importantes consideraciones de política exterior que superan el interés del gobierno americano de perseguir y procesar”.
Viendo las cosas con calma, ésta es una situación realmente anómala. La Fiscalía de un país que se toma estas cosas muy en serio destina recursos económicos, materiales y personales para hacer una investigación por años, logra recabar suficiente evidencia y consigue que se emita una orden de aprehensión y se pase el asunto a un juez. Al final, sin embargo, la misma fiscalía se arrepiente y le solicita a la juez que cancele todo y que remita al acusado y su expediente a México.
