A inicios de enero, el Gobierno de México celebra cifras. Esta vez no fue la excepción.
El reporte de incidencia delictiva presentado a principios de este mes proclama reducción del 40% en homicidios dolosos, una disminución del 30% entre 2024 y 2025, el año más bajo desde 2015.
Los números son tranquilizadores. Son también profundamente cuestionables.
Detrás de estos guarismos se esconde una realidad incómoda: la brecha entre lo que dicen las autoridades y lo que vive la sociedad mexicana se ha convertido en un abismo que ya no es posible ignorar.
El problema no radica en que exista debate sobre las tendencias de violencia. El debate es saludable.
El problema es que el sistema oficial de medición de delitos ha perdido credibilidad porque sus métodos son deficientes, sus procesos carecen de supervisión y sus resultados parecen diseñados más para tranquilizar que para informar.
Las fiscalías estatales no trabajan en el vacío.
Operan bajo presiones presupuestarias, políticas y mediáticas. Cuando un homicidio doloso es difícil de demostrar o requiere investigación prolongada, existe incentivo para reclasificarlo como lesión, muerte accidental o delito menor.
No es conspiración: es lógica institucional.
Un homicidio sin resolver se ve mal en las estadísticas. Una lesión sin vínculo con homicidio se ve mejor. En estados como Jalisco, donde operan múltiples cárteles, y en Chihuahua, donde la violencia es estructural, estas prácticas de reclasificación son documentadas sistemáticamente por organizaciones independientes. Las cifras oficiales muestran descensos mientras abogados defensores, médicos forenses y periodistas documentan que las muertes violentas continúan.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actúa como intermediario entre los datos estatales y la opinión pública. Teóricamente, debería filtrar inconsistencias.
En la práctica, valida lo que recibe. No tiene facultad de investigación, no desagrega metodologías, no cuestiona clasificaciones.
Es un receptor pasivo que se convierte en certificador activo. Cuando el SESNSP publica datos estadales sin auditar, sin validar fuentes alternas, sin contrastar con información del Registro Civil o del Instituto Forense, se convierte en cómplice involuntario de la distorsión. El sistema reporta reducciones generales mientras estados específicos enfrentan realidades fragmentadas: Guanajuato, Guerrero, Nuevo León muestran descensos en promedio diario según el reporte oficial, pero hay organizaciones que documentan que los métodos de conteo han cambiado, no la violencia.
Los registros civiles de defunción son documentos primarios. Cuando alguien muere, debe registrarse. La causa de muerte está documentada por médicos forenses. Estos registros no dependen de denuncias ciudadanas, no están sujetos a reclasificación administrativa y no son manipulables por fiscalías locales.
Países como Brasil, Guatemala y Colombia utilizan datos de mortalidad como métrica complementaria a denuncias formales.
En México, estas fuentes existen, pero no se integran sistemáticamente en reportes oficiales. El subregistro de homicidios dolosos por falta de denuncia es un problema real: familias en zonas de control criminal no denuncian. Cuerpos no identificados no generan carpetas. Pero el Registro Civil captura fallecimientos aunque no se denuncien. Es la métrica más honesta disponible.
Las ciudades mexicanas no se sienten más seguras. Los estados reportan reducciones pero documentan incrementos en extorsión, violencia comunitaria y desapariciones. El reporte oficial menciona 721 extorsionadores detenidos en el segundo semestre de 2025, pero reportes de seguridad comunitaria hablan de incremento sostenido en extorsión telefónica y territorial.
Hay desconexión entre narrativa y experiencia. Insistir en descensos cuando observadores cotidianos documentan otra realidad erosiona la confianza pública y convierte los datos en herramientas de propaganda más que de información. México necesita estadísticas que la sociedad reconozca como propias.
Cuatro reformas estructurales pueden recuperar credibilidad en la medición estadística de violencia.
- Primero, establecer una auditoría independiente permanente a las fiscalías estatales, liderada por personal externo a la estructura del gobierno, que revise 100% de casos de muertes violentas clasificados como no dolosos durante los últimos cinco años. Esta auditoría debe tener capacidad de remisión a instancias federales cuando encuentre patrones de reclasificación sistemática, y sus hallazgos deben publicarse trimestralmente.
- Segundo, reformar las funciones del SESNSP para dotarlo de poder de verificación independiente. Crear una unidad de validación estadística con acceso directo a información del Registro Civil, IMSS, registros forenses e investigaciones abiertas en fiscalías. Esta unidad debe publicar reportes de discrepancias metodológicas encontradas, obligando a correcciones públicas cuando las cifras no correspondan con realidades demográficas.
- Tercero, crear un observatorio nacional de mortalidad anómala que cruza datos del Registro Civil con información de fiscalías, médicos forenses e institutos de medicina legal. Este observatorio reportaría mensualmente sobre muertes registradas como violentas sin correspondencia con carpetas de investigación, permitiendo identificar verdaderos puntos ciegos del sistema.
- Cuarto, implementar un sistema de reportes diferenciado que separe datos administrativos de datos de victimización. Encuestas trimestrales de victimización ciudadana, metodológicamente rigurosas, capturarían experiencia vivida. Estos reportes se publicarían en paralelo a datos de denuncia, permitiendo comparación y validación mutua.
La manipulación estadística de la violencia en México no es conspiración deliberada.
Es degradación institucional. Las fiscalías carecen de capacidad técnica, recursos y presión externa para mantener estándares de rigor.
El SESNSP opera como agregador sin validación. El sistema completo necesita rediseño. Las propuestas descritas son apenas inicio de una transformación necesaria. Lo urgente es recuperar credibilidad. Sin estadísticas confiables, sin números que la sociedad reconozca como reflejos de realidad, es imposible política pública de seguridad genuina.
Los mexicanos merecen saber verdaderamente qué sucede en sus ciudades. No merecen cifras que tranquilicen mentiras.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
