En respuesta, la Cancillería impuso una reserva de cinco años sobre esos documentos argumentado que, hacerlos públicos, afectaría la intención de México por renovar un acuerdo con Estados Unidos y, además, también correrían el riesgo de hacer pública información sensible.
“Es decir, que existiría una limitación y disrupción en el diálogo diplomático para la implementación, conducción y ejecución de intercambio de información en materia de seguridad”, puntualizaron.
La decisión de la SRE implicaría que la protesta de México ante Estados Unidos pueda abrirse hasta el año 2028, es decir, dos años después de las siguientes elecciones presidenciales.
Sin embargo, el siguiente gobierno federal podría aplazar por segunda vez esos mismos archivos, en caso de que también consideren que estaría en riesgo la relación con Estados Unidos.
