Como un virus que comienza seduciendo la mente de algunas personas y acaba por afectar a la sociedad entera, la corrupción permea prácticamente todas las áreas del quehacer humano. Hay corrupción en la política y en los gobiernos, pero también en las Iglesias, en las escuelas y en las calles. No es exclusiva de determinado país, aunque, sin duda, México registra una epidemia de impunidad que potencia muchos otros males.
#ColumnaInvitada | Derechos humanos y lucha anticorrupción
La corrupción es más nociva en aquellos sectores de la población que ya viven sin el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
@ClauCorichi
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La corrupción en todos sus tipos y formas es, en sí misma, una violación de los derechos humanos. La distorsión de las políticas y funciones del Estado para beneficio de unos cuantos a costa del bien común, el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango y la manipulación de instituciones para conservar el poder político son formas de corrupción (Transparencia Internacional, Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción, 2014) están presentes en todas las sociedades del mundo y afectan el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. La captura de las estructuras gubernamentales por parte de grupos que las usan para beneficio particular tiene efectos negativos y consecuencias graves para los derechos humanos.
El 9 y 10 de diciembre se conmemoran, el Día Internacional contra la Corrupción y el Día Internacional de los Derechos Humanos, respectivamente. El primero, es un esfuerzo para comprometer a los Estados Parte de las Naciones Unidas a adoptar medidas preventivas para combatirla y sancionarla, es la ocasión para que naciones y personas hagan conciencia de la magnitud y la profundidad de los daños que ocasiona la corrupción a toda la sociedad. El segundo, proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su género, raza, color de piel, religión, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición.
Aprovecho ambas fechas para compartir algunas reflexiones acerca de este vínculo entre corrupción y derechos humanos que se menciona poco. Cuando fui diputada federal encontré una relación entre el desarrollo humano y la corrupción, y entendí que la población históricamente vulnerable sufre más los costos de la corrupción. Viridiana Ríos (La otra mafia del poder: corrupción y desigualdad en México, 2020) demostró, también, que, en México, la corrupción es mayor y afecta a más cuando ocurre en programas y políticas públicas que se enfocan en cerrar brechas de desigualdad, y no en construcción de infraestructura, como suele creerse. Esto arroja evidencia de que la corrupción es más nociva en aquellos sectores de la población que ya viven sin el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
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Hace unas semanas, revisaba empíricamente la relación que existe entre la corrupción y los índices internacionales de desarrollo humano, desarrollo económico, libertad y justicia. Mi conclusión es clara: donde la corrupción y la impunidad son mayores, los derechos humanos son menos respetados, y al mismo tiempo se tienen menores niveles de crecimiento económico y desarrollo social, lo que opera en detrimento de las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables.
La corrupción debilita al Estado de derecho y, por lo mismo, fortalece a la impunidad. Esto genera incentivos –o reduce los desincentivos– para realizar más actos de corrupción. Ese círculo fatal (corrupción-impunidad) entorpece todas las tareas de los gobiernos para hacer frente a la gran diversidad de problemas públicos, desde frenar la delincuencia organizada hasta atender el problema de desigualdad de género. La corrupción violenta el ejercicio del derecho a la seguridad y a la igualdad porque las instituciones gubernamentales quedan postradas al servicio de las redes de poder, impunidad e injusticia.
La ética (ethos = carácter) de una Nación, depende de las acciones cotidianas (mores = costumbres) de sus ciudadanos. Por ello, una forma de hacer frente a la corrupción de manera efectiva es poniendo el énfasis en la educación a lo largo de todo el ciclo, especialmente en los primeros niveles, pues es ahí donde se define la escala de valores de las personas. La lucha contra la corrupción es un asunto tanto interno al individuo (principios y valores) como social a través de elementos institucionales y punitivos (códigos, leyes) establecidos por el poder público.
Hoy más que nunca, en medio de la crisis y el contexto particular de pandemia por COVID-19, resulta prioritario que la corrupción se combata de manera efectiva en todas las áreas relacionadas con las políticas públicas, especialmente en el ámbito de la salud, para que el mayor número posible de personas pueda ejercer sus derechos de manera digna, desde el acceso a las vacunas (¡todas!), hasta la atención en una cama en los hospitales públicos, trátese o no de afecciones relacionadas con este virus.
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Nota del editor:
La autora es economista por la UNAM y feminista, fue diputada federal y senadora.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
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