Lucha contra la corrupción; necesitamos un fiscal que investigue no que legisle

Así, aun y cuando hemos sido testigos, y sobre todo víctimas, de grandes escándalos de corrupción –como el infame caso Odebrecht, La Estafa Maestra, la red de Javier Duarte y muchos más– en nuestro país seguimos con cero juicios a nivel federal. Ni hablar de sentencias condenatorias en casos de gran corrupción y, lo peor, no hemos recuperado ni un solo peso de los millones desviados de programas sociales o del tan relevante sector salud, lo que implica una omisión dolosa por parte de las instituciones que continúa perpetuando la afectación de los derechos humanos de los millones de mexicanos que vivimos en este país.

El cinismo ha llegado a tal grado que, por un lado, a lo largo del año 2020 nos han querido alimentar la idea de que mucho se está haciendo por desmantelar las grandes redes de corrupción con ejemplos burdos como la detención seguida de una cuasi inmediata liberación de Lozoya, o la falsa promesa de que el general Cienfuegos iba a ser investigado en Mexico. Sin embargo, como ya hemos mencionado múltiples veces, todo es una cortina de humo para esconder una siniestra realidad: el aparato organizado de poder está actualmente utilizando los mecanismos legales e institucionales para perpetuar la impunidad en los casos de corrupción.

¿Cómo? Desvirtuando figuras como el criterio de oportunidad (erróneamente conocido como testigo colaborador) para aplicarlas ilegalmente a prácticamente todos los casos de corrupción que tanto alardeaban y vendieron como insignias del combate a la corrupción.

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Así, pronto veremos a Robles, Lozoya, Zebadúa, y demás imputados, exonerados a cambio de información que en el mejor de los casos resultará cierta pero que no servirá para sentenciar a nadie ni recuperar ni un peso.

Por si no fuera suficiente, pareciera que nuestra Fiscalía General de la República le invierte mucho de sus recursos en orquestar mecanismos legales para liberar posibles criminales. También hemos visto que, en el último año, en lugar de abocarse a ejecutar sus funciones legales –que básicamente son investigar y llevar ante tribunales esos casos (que por si existe la duda de si tienen evidencia para llevarlo)– o sorpresa, la Fiscalía ha estado muy ocupada legislando.

Muchos se preguntarán: ¿por qué está mal legislar? Recordemos que en México tenemos una tendencia de legislar aquello que no queremos o no podemos solucionar en lugar de invertir tiempo, esfuerzo y recursos en construir capacidades reales operativas para solucionar los problemas de fondo, como lo es la impunidad de casos de corrupción. Esto sucede con frecuencia, pues resulta más fácil vender una solución mágica (como si una nueva ley por si sola cambiara la realidad) que arremangarse y trabajar para ver resultado en el mediano o largo plazo. El primero vende políticamente, el segundo no.

En concreto, nos es muy difícil acalorar el ánimo en este Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, pues ya pasó un año más y el panorama al futuro es aún más desalentador cuando vemos a una Fiscalía General proponiendo una nueva Ley Orgánica que destruirá muchos de los pocos avances que había logrado la ciudadanía en años pasados como lo es la independencia técnica de los fiscales, el escrutinio público al eliminar el consejo ciudadano y la participación de expertos en casos de investigación compleja.

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Sin embargo, en medio de este obscuro panorama, la buena noticia es que existen grandes defensores de derechos humanos en el combate a la corrupción como los equipos de DLM, DPLF, MCCI, Impunidad Cero, Transparencia Mexicana, y muchos luchadores más que, como TOJIL, seguimos y seguiremos dando la lucha, señalando, incomodando, pero también proponiendo y exigiendo a los poderes ejecutivos a los legislativos, pero sobre todo a los encargados de investigar y perseguir estos delitos.

Que no quepa duda: llevaremos esta lucha cruzando fronteras que sean necesarias para transformar esta historia de impunidad por una de justicia.

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