La lucha anticorrupción de AMLO es opacada ante casos en el gobierno

Desde que López Obrador asumió la presidencia su plan de gobierno se ha resumido en una idea: “acabar con la corrupción y con la impunidad”. Su premisa parte de que si él es honesto, los demás integrantes de la administración pública lo serán.

“El combate a la corrupción es importante en su discurso, no solo es con el que ganó la presidencia, también es parte de su popularidad”, plantea Francisco Parra, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

No obstante, esa campaña se ha visto manchada por situaciones irregulares que han alcanzado a personajes vinculados con López Obrador. En agosto pasado, por ejemplo, se difundió un video en el que, Pío López Obrador, su hermano, aparece recibiendo dinero de David León Romero, entonces colaborador del gobierno de Chiapas y hasta hace unos meses funcionario federal. Los recursos, supuestamente, fueron utilizados para apoyar a Morena en la campaña de 2015.

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Aunque López Obrador confirmó que el dinero fue para el partido que él fundó, negó que se tratara de un acto de corrupción, comparando el material con otras grabaciones difundidas días atrás en las que se involucró a políticos de oposición en la trama de corrupción de Odebrecht, por la cual está detenido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Estas últimas grabaciones fueron hasta difundidas en su conferencia de prensa matutina.

El presidente también llamó a una investigación en el caso de su hermano, la cual no ha arrojado hasta el momento que Pío López Obrador haya incurrido en una falta ante la ley, lo cual ha sido cuestionado por la oposición. Sobre ello los especialistas advierten la falta de congruencia entre el discurso y el actuar.

Para Fabiola Navarro Luna, coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, casos como estos afectan la confianza ciudadana en las instituciones y el gobierno, por lo que hubiera sido buena señal de congruencia que las instituciones encargadas de la investigación hubieran rendido un informe más detallado.

“Estos videos muestran algo que ya sabemos y es que la corrupción política suele empezar con el financiamiento ilícito de campañas electorales”, comenta.

Semanas después otro asunto llegó a la conferencia matutina del presidente. La organización Mexicanos Contra la Corrupción reveló que el secretario particular del mandatario federal, Alejandro Esquer Verdugo, contrató a proveedoras fantasma para la campaña electoral de 2018.

Visiblemente incómodo, el presidente acusó que detrás de esa información, publicada por el diario El Universal, había una campaña en contra de su gobierno. “Es parte de la campaña de desprestigio a nuestro gobierno, es el otro pasquín inmundo”, sostuvo en esa ocasión.

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El politólogo y profesor de la UNAM, Rafael Morales, señala que es polémico que un gobierno que desde el inicio ofertó un combate frontal a la corrupción, ahora esté trabajando con sesgos.

“Parece que hubiera una claudicación en lo relativo a temas que son próximos al gobierno o cercanos al presidente de la República… La corrupción se tiene que castigar venga de donde venga, no tiene que haber un criterio personalista, personal o que sesgue políticas anticorrupción”, señala.

Escándalos dañan confianza

El manejo de los escándalos que se gestan dentro del gobierno federal puede repercutir negativamente en los planes del presidente, ya que pueden impactar en su imagen y en la aprobación ciudadana, indicadores que él suele mencionar constantemente.

“Lo que tiene un peso es que suceda lo que sucedía en otras administraciones y que no pase nada, pese al escándalo, eso fue lo que pesó mucho en las elecciones pasadas”, advierte Fabiola Navarro Luna.

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Para el politólogo del ITAM, Francisco Parra, los actos de corrupción cometidos en otras administraciones le sirven al presidente López Obrador, pues como fueron tantos, él solo los señala y cuando toca a los suyos, el mandatario suelta: “que se les investigue”.

“Si castiga a su equipo, quedaría claro que hay unas manzanas podridas y eso sería problemático porque se le podría acabar el halo de no somos iguales”, agrega.

Parra comenta que para que realmente se investigue a sus colaboradores que han sido señalados por presuntos actos de corrupción, primero tendría que agotar el discurso de que en otros gobiernos eran corruptos, lo cual se ve aún lejano pues tiene “mucha tela de dónde cortar”.

Para Rafael Morales, hay evidencia de que el gobierno sí está combatiendo la corrupción, pero sería contradictorio que cuando aparecen casos que involucran a la actual administración, estos no sean tocados.

“Podría ser que al final de este sexenio veamos que la oferta anticorrupción se termine deslavando, hipotecando, por no dar una solución eficaz y contundente a estos casos de personajes cercanos”, refiere.

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Necesario fortalecer instituciones

Para los expertos consultados, si el presidente realmente tiene un compromiso con la lucha anticorrupción debe priorizar el fortalecimiento de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Este compromiso con las acciones anticorrupción también tiene que ser un compromiso para que funcionen las normas y procedimientos con los que contamos como país. Hasta hoy siguen pendientes los nombramientos de los magistrados anticorrupción”, critica Fabiola Navarro.

Para Rafael Morales, parte de la lucha anticorrupción del gobierno se pierde en las conferencias matutinas. “Por un lado, las instituciones están tratando de dar resultados, pero estos terminan hipotecándose en las mañanas, porque en las conferencias sabotea estos avances”, menciona.