¿Cuáles son las recomendaciones?
Promover una mayor integridad política, en especial en época de elecciones: Asegurar un entorno electoral transparente, imponer sanciones cuando se detecte la compra de votos y cumplir y reformar las normas de financiamiento de las campañas electorales.
Mejorar la transparencia del financiamiento político: Establecer normas, asegurar la divulgación de los ingresos, gastos, bienes y préstamos de los partidos políticos o los candidatos y que toda la información se publique en un único portal en línea, en un formato de datos abiertos.
Disminuir los factores que propician los sobornos, en especial, en los servicios públicos: Hacer más eficientes los servicios públicos, invertir en plataformas digitales fáciles de usar para acceder a los servicios y simplificar los procesos burocráticos.
Fortalecer las instituciones judiciales: Promover procesos no políticos e independientes de nombramientos judiciales, mejorar el bienestar del personal judicial, los jueces y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y crear criterios transparentes para la asignación de los casos.
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Empoderar a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien casos de corrupción: Involucrar a la sociedad civil y generar un entorno seguro y propicio para que las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación vigilen y denuncien los casos de corrupción.
Reconocer y abordar las formas específicas de corrupción basadas en el género: Reconocer la extorsión sexual como una forma de corrupción y aplicar medidas para acabar con la cultura de avergonzar y culpar a las víctimas, aunado a que los sistemas judiciales deberían contar con las herramientas adecuadas para abordar las situaciones de extorsión sexual y crear mecanismos de denuncia seguros, responsables, accesibles y, sobre todo, que tengan en cuenta las cuestiones de género.
Adoptar el compromiso de Lima: Los gobiernos deben adoptar e informar públicamente sobre los avances logrados respecto del Compromiso de Lima firmado en la VIII Cumbre de las Américas, que describe 57 medidas para fortalecer la gobernanza democrática en la lucha contra la corrupción.