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¿Seguridad pública vs. inseguridad ciudadana?

La combinación del COVID-19 y la precarización y pérdida de empleos son aspectos que se pueden traducir en un incremento en las causas y factores de riesgo de violencias y delincuencia.
mar 20 octubre 2020 06:20 AM
inseguridad
La percepción de inseguridad se vio modificada por los efectos del COVID-19 en México.

La relación entre la percepción de seguridad, la emergencia sanitaria por COVID-19 y la crisis económica (que antecede a la pandemia y se agudiza con esta) es compleja.

Conforme a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana #ENSU –con cobertura geográfica para 70 ciudades (con la Ciudad de México dividida en 16 demarcaciones territoriales) distribuidas en las 32 entidades federativas– en marzo de 2020, el 73.4% de la población de 18 años o más ya consideraba inseguro vivir en su ciudad. El 32% consideraba que la delincuencia empeoraría en los próximos 12 meses y 34.5% consideraba que seguiría igual. Dado el porcentaje que percibe inseguridad, la expectativa de seguir igual no es positiva.

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Cuando se publicaron aquellos datos señalé que por el periodo de levantamiento, era probable que los mismos no reflejaran el efecto que estaba teniendo la emergencia sanitaria por COVID-19 –y las medidas que estaban tomando para enfrentarla– en la percepción de seguridad e inseguridad.

Señalé que había que estar atentas a la actualización del 15 de julio y a las variaciones por ciudad tanto en la percepción de inseguridad pública actual como en la expectativa para los próximos 12 meses. Y aventuré una hipótesis: que en ciudades como #Cancún y #Tijuana –en las que ya había causas y factores relacionados con las violencias y la delincuencia y que habían sufrido severamente por la restricción y reducción de la actividad turística y la pérdida de empleos– ambas variables empeorarían significativamente. La actualización de julio no se realizó pero ahora contamos con los datos correspondientes al tercer trimestre. [1]

Estos arrojan hallazgos contraintuitivos que se deben analizar y entender. De marzo a septiembre del presente año, el porcentaje de la población de 18 años o más que considera que vivir en su ciudad es inseguro bajó de 73.4% a 67.8%. De las 70 ciudades en las que se levanta la #ENSU la percepción de inseguridad pública bajó en cincuenta y siete y subió en trece. Estas últimas son La Laguna, Piedras Negras, Manzanillo, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Xochimilco, Álvaro Obregón, Guanajuato, Puerto Vallarta, Toluca de Lerdo, General Escobedo, Oaxaca de Juárez y Zacatecas.

Contrario a mi hipótesis, en el caso de #Tijuana, entre el primer y el tercer trimestre, bajó la percepción de inseguridad de 85.6% a 73.6% pese a que 52.3% de la población de 18 años o más observó venta o consumo de drogas y 66.5% identificó disparos frecuentes con armas alrededor de su vivienda; mientras que en el caso de #Cancún, entre el primer y el tercer trimestre, también bajó la percepción de inseguridad de 85.6% a 81.5.% pese a que 59.3% de la población de 18 años o más atestiguó robos o asaltos alrededor de su vivienda.

Ahora bien, en este trimestre, a diferencia del trimestre anterior para el que se cuenta con datos y de lo que había ocurrido al menos desde diciembre de 2018, el porcentaje de la población de 18 años o más que considera que delincuencia empeorará en los próximos 12 meses es mayor que el porcentaje que considera que seguirá igual (33.4% y 33.2% respectivamente). A nivel nacional la población de 18 años o más que considera que las condiciones de seguridad pública para los próximos años seguirán igual o empeorarán varía por ciudad y va del 24.7% al 86.5%.

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En Tijuana, el 68.5% de la población de 18 años o más considera que la delincuencia seguirá igual o empeorará en los próximos meses; mientras que en Cancún esa expectativa la tiene el 72.4% de la población.

Es indispensable problematizar los resultados de la #ENSU para este trimestre. Si se basan en el distanciamiento y confinamiento de personas en espacios privados mientras que los espacios públicos son ocupados y apropiados por las Fuerzas Armadas, tendremos una percepción de seguridad pública que va en detrimento de la seguridad ciudadana.

Máximo porque –como adelantaba en julio en este mismo espacio– la combinación entre casos confirmados y defunciones por SARS-COV-2 y la precarización y pérdida de empleos son aspectos que se pueden traducir en un incremento en las causas y factores de riesgo de violencias y delincuencia tanto común como organizada.

Aunque la pobreza no está ligada a la comisión de delitos –por lo que no se debe caer en el juego de estigmatizar y criminalizar a las personas que se encuentran en esa situación– lo que sí incrementa la probabilidad de que las personas se involucren en procesos violentos es la desigualdad. Y la pandemia ha visibilizado y profundizado desigualdades preexistentes –de carácter socioeconómico, territorial, espacial y de género– y ha creado otras –como las asociadas al acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación y a las habilidades digitales–.

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Ante este escenario, no es viable, sostenible ni deseable esperar que las personas se queden en sus casas mientras que las calles son vigiladas y controladas por el Ejército, la Marina y/o la Guardia Nacional. La existencia y permanencia de las instituciones de seguridad, del orden público y de la reducción de delitos, deben orientarse al respeto y garantía de los derechos y las libertades para que las personas vivan sin amenazas y riesgos –como los de la violencia ejercida por actores estatales y no estatales–, no al revés.

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[1] ENSU 2020, presentación ejecutiva https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2020_septiembre_presentacion_ejecutiva.pdf
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Notas del editor:

La autora es feminista, Fundadora y Directora General de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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