A lo largo de los años, el Poder Judicial de la Federación representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido diversos presidentes responsables de la organización, operación y administración del mismo, personajes disímbolos entre sí y que no siempre han sabido reconocer el trascendente papel que el Poder Judicial juega en la consolidación de la democracia y la justicia en un país como México, que carece de un estado fuerte de derecho y que la mayoría de la gente percibe a las instituciones de procuración y administración de justicia como corruptas y al servicio de intereses oscuros y capitalistas.
La llegada de Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, como ministro presidente de la Suprema Corte y titular del Poder Judicial de la Federación, ha venido a marcar un parteaguas en la administración de justicia en México, ya que desde que asumió el cargo en 2019, ha impulsado una transformación de la justicia federal, buscando la modernización de la función jurisdiccional con la implementación de los juicios en línea, la profesionalización de los servidores públicos e imbuirlos de un mayor sentido humano para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Es evidente que aún quedan muchos pendientes en la materia, como la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual, nuevos perfiles de jueces y juezas para fortalecer la carrera judicial y mejorar los estándares de la defensoría pública federal conocida como defensoría de oficio, para no privar a nadie del derecho a la defensa sin importar sus condiciones socioeconómicas.
La tarea de un juez es compleja y pocas veces bien entendida: juzgar a otra persona difícilmente está desprovista de la subjetividad que es característica idónea a todo juzgador, ¿por qué?, porque los jueces y juezas son seres humanos sujetos a las pasiones que envuelven a los seres humanos; en este sentido sólo la ética, la profesionalización, la pasión por el servicio, la lealtad institucional pueden formar juzgadores que dicten fallos apegados a legalidad, pero siempre con un alto sentido de humanidad y respeto a los derechos humanos de víctimas e imputados.
