Pensar en el Ejército más allá de la coyuntura

Por un lado está la Guardia Nacional, el proyecto insignia de este gobierno en materia de seguridad pública, que no ha reclutado nuevos elementos. Ni uno. Según la información oficial publicada por Arturo Ángel hace un par de semanas ( https://bit.ly/3bhnKdg ), de los poco más de 90 mil que integran su “estado de fuerza total”, 29% proviene de la extincta Policía Federal, 11% de la Marina y 60% del Ejército. Los únicos propiamente adscritos a la Guardia son los expolicías transferidos a la Secretaría de Seguridad (26,376), el resto son elementos comisionados cuyas plazas pertenecen formalmente a la Secretaría de Marina (10,149) o a la Secretaría de la Defensa (54,101).

Por otro lado está el hecho de que el repertorio de nuevos encargos conferidos a las Fuerzas Armadas en lo que va del sexenio no ha dejado de crecer. Y no nada más en lo relativo a actividades relacionadas con la seguridad pública –por ejemplo, combate al crimen organizado; prevención e investigación de delitos; detenciones y aseguramiento de bienes; atención a víctimas; vigilancia de ductos, caminos, carreteras e instalaciones estratégicas–. También en materia de control migratorio, apoyo a programas sociales, atención de la emergencia sanitaria, así como en todo tipo de “operativos especiales”: desde repartir regalos por el día de Reyes, fertilizantes, libros de texto o combustible, hasta vender cachitos para la rifa del avión presidencial o remover sargazo en playas y costas.

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Y por último están los proyectos de carácter “ganancial”, de acuerdo con el término empleado por el general Gustavo Vallejo ( https://youtu.be/bZ_6hSXrfxk ) para referirse a la directiva del presidente de que las réditos que genere el nuevo aeropuerto en la antigua base militar de Santa Lucía sean para la Secretaría de la Defensa. Porque ese no es el único, también están los proyectos de urbanización y comercialización de unos terrenos en Santa Fe, el desarrollo de varios tramos del Tren Maya, la administración de las aduanas, la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar, de los cuarteles de la Guardia Nacional, de un Parque Ecológico en Texcoco; en fin, la voluntad de transformar al Ejército no solo en una agencia multiusos para lo que se le ocurra al Comandante Supremo que despacha en Palacio, sino en una empresa que gestiona sus propias utilidades.

Fernando Escalante ha dedicado un par de brillantes columnas ( https://bit.ly/2YVIcvb y https://bit.ly/2YOV1Yj ) a explicar la idiosincracia promilitar del lopezobradorismo como síntoma de su vocación regeneracionista. Es posible, con todo, que el fenómeno tenga no solo esa interesantísima raigambre ideológica sino, digamos, miga política adicional. Porque un Ejército obligado a cederle efectivos y nuevos reclutas a otra corporación (aunque en buena medida, por el momento, la controle) y que tiene cada vez más carga de trabajo en un entorno de creciente insuficiencia presupuestaria, es un Ejército bajo mucha presión. Pero el recrudecimiento de la violencia criminal y el deterioro de la seguridad pública, aunado a la muy reconocida debilidad de las policías realmente existentes para hacerse cargo, lo convierten también en un Ejército con mucha capacidad de presionar.

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Si se le demanda tanto al Ejército ofreciéndole tan poco, el margen para dosificar lo que pida a cambio es muy reducido. La campechana fórmula no darles más sino ponerlos donde haya, al mismo tiempo que se neutraliza a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puede parecer una solución en la coyuntura inmediata. Con el tiempo, sin embargo, será un problema mayúsculo. ¿Hay alguien en el gobierno ponderando este asunto con perspectiva histórica, comparada y de largo plazo?
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