La deuda en materia de seguridad es amplia y todos los días cobra sus intereses en sangre, vidas y familias destrozadas, pero de lo que hoy toca hablar es de la otra deuda, la deuda en justicia, específicamente en materia de combate a la corrupción e impunidad. El balance negativo en este respecto es tan oprobioso, que puede percibirse que amplios sectores de la población, habiendo explicablemente renunciado a su aspiración de justicia, se conforman con el desquite; el escarnio público como catalizador de catarsis de masas, que ni conocen ni esperan la justicia.
El caso del exdirector de Pemex, que acapara desde hace días la atención nacional, es muy ilustrativo de este estado de cosas. Ahora, revisémoslo a la luz tanto de la desafortunada y contraproducente obsesión por los peces gordos, como del sistemático olvido de las redes de corrupción.
Empecemos por verdades que no por evidentes desmerecen ser recordadas en este contexto: Lozoya no actuó solo, la corrupción en Pemex no empezó y muy probablemente tampoco acabó durante su gestión; por último, la incompetencia manifiesta de algunas autoridades merece mención aparte.
Vamos por partes, ni Lozoya, ni Borge ni los Duartes (por mencionar solo algunos nombres) actuaron por cuenta propia sino auspiciados por un entorno estructural favorable al abuso y la impunidad. Si bien son suficientemente responsables de lo que se les imputa, de ninguna manera podemos menospreciar la “colaboración” de docenas de personas, en diferentes órdenes de gobierno, con diversos grados de responsabilidad, que cometieron actos de omisión, negligencia y complicidad.
La obsesión por los “peces gordos” se olvida del entorno estructural de reglas laxas u omisas, así como del conjunto de personas que de alguna manera se prestaron y prestan al saqueo. El siguiente “pez gordo” seguro abrevará de las mismas fuentes si estas continúan intocadas.
