Una característica de este gobierno es su falta de sensibilidad hacia las necesidades de la ciudadanía, llámese grupos de pacientes, padres de familia de niños con cáncer-, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, del sector privado. Del sector privado solía enfocarse en las grandes empresas, pero su falta de empatía también con los pequeños empresarios durante la pandemia ha sido evidente.
Ante el fracaso de la estrategia sanitaria, se han propuesto encontrar responsables. Por un lado, el ciudadano mismo; aquel que sale de casa, aun cuando se le pide que no lo haga; aquel que padece una enfermedad crónica preexistente, y no tomó las medidas necesarias; aquel que ha privilegiado el consumismo y no la frugalidad; aquel que no cuida su salud, y no hace ejercicio. Incluso, aquel que miente y traiciona. Como si padecer COVID-19 fuera un castigo divino.
Por el otro, a la industria agroalimentaria, la que casi en cada conferencia vespertina Hugo López- Gatell señala de producir alimentos “ultra procesados” altos en grasas, azúcares, sodio y calorías, como si el resto de las opciones que tienen a su mano los mexicanos, fueran necesariamente más saludables. El propio presidente, en sus giras, exalta la deliciosa comida tradicional (concuerdo en que es deliciosa), pero que justamente muestra que también es rica en grasas, azúcares, sodio y calorías.
Independientemente de la gravedad del problema de sobrepeso y obesidad en el país, y de la corresponsabilidad en su atención por parte del gobierno, del sector privado, en especial la agroindustria, y del propio individuo, se trata de un señalamiento oportunista y extemporáneo. Desde hace meses, gracias a la experiencia internacional, se sabe que las personas con enfermedades subyacentes son más vulnerables a la agresividad del coronavirus y es de todos conocidos cuál es perfil epidemiológico del país: más del 70% de la población padece sobrepeso y obesidad.
